MVS. El Senado de la República analiza una propuesta para crear la Ley General de Combate a la Corrupción Política, cuyo objetivo es establecer mecanismos contra la infiltración del crimen organizado en el servicio público.
La iniciativa, presentada por el senador perredista Armando Ríos Piter, plantea la definición de “conflicto de intereses en la administración pública” y establece una serie de sanciones imputables a todo servidor público que se involucre en actos de corrupción y lavado de dinero, específicamente en nexos con el crimen organizado.
Armando Ríos Piter señaló que es evidente que la corrupción ha corroído todos los espacios de la vida pública, de manera particular la política, donde no se sabe a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos.
Destacó, en este sentido, que vivimos una crisis no sólo del narco, sino donde los políticos están involucrados con las actividades criminales, por lo que, dijo, es necesario entender el problema y estar a la altura de la transformación que reclama el país.
Ante esta situación, el senador por el PRD planteó también modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha solicitud será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, que determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate.
La iniciativa es analizada por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.
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