Aumenta número de servicios públicos ‘insuficiente’ ante demanda: Coneval

MVS. En materia de acceso a los derechos sociales, se aprecia un incremento en la cobertura de servicios básicos (educación, salud y vivienda), pero la calidad de los servicios no ha crecido a la par que la cobertura.

“La calidad de los servicios para la población en pobreza y pobreza extrema es aún insuficiente y el acceso efectivo a los derechos sociales no favorece a grupos tales como indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres”, advierte el organismo.

Asimismo, apunta, el poder adquisitivo del ingreso se ha reducido desde 1992. “Las crisis económicas de 1994 y 2009, la volatilidad de los precios de los alimentos desde 2007, así como la falta de crecimiento de la productividad en largo plazo han sido responsables de esta problemática”, explica el Coneval.

El Informe destaca avances de la política de desarrollo social: se hace referencia explícita a los derechos sociales en el Plan Nacional de Desarrollo y en diversos programas sectoriales; se ha observado una coordinación intersectorial e intergubernamental de la política social a partir de los indicadores de pobreza, especialmente impulsada por  la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como por las modificaciones  al Fondo de Aportaciones para la Infraestructural Social del Ramo 33; se han hecho adecuaciones a diversos programas para mejorar el acceso a derechos y a una mayor inclusión productiva; se han realizado reformas que buscan incrementar la productividad en el mediano y largo plazo; y la política social cuenta con avances importantes en la medición y la evaluación de su desempeño.

El diagnóstico destaca como retos de la política de desarrollo social: el enfoque de derechos necesita definiciones precisas que no están en la Constitución, y que desde el Congreso se contemple su financiamiento gradual; el ingreso real de las familias ha caído desde 1992 y en 2014 no recupera el nivel que tenía en 2007; la calidad de los servicios educativos y de salud es aún insuficiente para la población con menos ingresos; los programas productivos no han tenido resultados adecuados y la productividad de los pequeños productores es muy baja; se observa una gran dispersión de programas sociales en los tres órdenes de gobierno; y todavía no se hace un uso adecuado de la información que generan  las  evaluaciones para la toma de decisiones presupuestarias, especialmente en el Congreso.

Ya en esta administración, Coneval señala sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre que “la observación en campo muestra que la población objetivo de la estrategia (población en pobreza extrema con carencia alimentaria) efectivamente tiene carencias importantes y un muy bajo nivel de ingreso, en zonas de atención prioritaria tanto rurales como urbanas”.

Diversos programas presupuestarios han modificado sus reglas de operación para adecuarse a la estrategia, pero, “será necesario aclarar el alcance de los seis objetivos de la Cruzada y determinar cuáles de ellos se aplican a los 7 millones de  personas de la población objetivo y cuáles son más amplios”.

Dentro de la propia Cruzada, se observa que la capacidad productiva de los pequeños productores rurales “es limitada  y no hay suficientes  herramientas de política pública para mejorar esta situación”.

“En materia de participación social se ha cumplido la meta de creación de comités comunitarios. Será necesario que éstos mantengan actividad a partir de su creación y que exista una conexión más clara entre la demanda que se genera en los comités y la oferta gubernamental, para no crear expectativas que no se puedan materializar… la Cruzada está modificando las dinámicas y rutinas de las dependencias gubernamentales  en los tres ámbitos de gobierno. El efecto es heterogéneo  entre gobiernos locales y tipos de programas”, concluye Coneval.