MVS. En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política decidió turnar a su dirección jurídica, la petición de casi 200 diputados de oposición, para crear una Comisión Investigadora de los contratos del Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, con el Gobierno Federal, paraestatales y demás instancias de gobierno.
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Isabel Trejo, indicó que falta la valoración jurídica reglamentaria para avanzar en la conformación de dicha instancia; sin embargo su bancada respalda la moción.
En tanto, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, recalcaron que la Junta de Coordinación no puede negar el derecho constitucional de las minorías a promover la apertura de comisiones de investigación.
Mejía Berdeja agregó que de inicio, se pedirá la comparecencia de la esposa del presidente de la República, Angélica Rivera y la del empresario Hinojosa Cantú.
Al señalar que en los distintos y cuantiosos contratos entregados por autoridades federales y locales al Grupo Higa hay claras señales de la existencia de conflictos de interés, favoritismo y corrupción desbordada, el legislador de izquierda añadió que también se pedirá una reunión con el encargado de despacho en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En cuanto a la determinación de solicitar una valoración jurídica de la Cámara para crear la Comisión Investigadora, agregó que por derecho constitucional, la petición no puede ser rechazada y ni el PRI lo podrá impedir.
Añadió que para no desperdiciar el tiempo, los diputados promoventes de la Comisión Investigadora tomarán previsiones.
En espera de que el Jurídico opine, conformarán un grupo plural que planteará una propuesta de programa de trabajo, que incluirá el llamado a reunirse con la esposa del Primer Mandatario, el empresario Hinojosa y el responsable del despacho en la Función Pública.
Sobre cómo lograrán que la señora Rivera comparezca ante los diputados, el diputado Mejía Berdeja dijo que se hará lo posible y se evitará que el PRI “eche tierra” al asunto.
Subrayó que si bien la cónyuge del Presidente de la República no tiene un cargo formal en la administración pública federal, encabeza una instancia pública como el DIF, cuya estructura y funcionamiento implican el uso de recursos públicos.
De modo que en última instancia, la señora se beneficia con el uso del erario y por estar vinculada con el Primer Mandatario, debe rendir cuentas, abundó.
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