Exigirán perredistas a SEGOB frenar detenciones arbitrarias de líderes sociales

MVS. Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, demandarán a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que cesen las detenciones arbitrarias de líderes sociales, como la del dirigente de comerciantes ambulantes en Puebla, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, y de su hijo, Atl Rubén Sarabia Reyna.

Luego de que los dirigentes del comercio informal en Puebla fueran aprehendidos en el transcurso de los últimos 4 días, la diputada perredista y vicepresidenta de Mesa Directiva de la Cámara, señaló que la autoridad federal debe intervenir de inmediato.

Alavez Ruiz indicó que el pasado martes 23 de septiembre, un grupo de legisladores se reunió con funcionarios de Gobernación, a fin de pedirles atención inmediata  al caso Puebla y poner freno a la política de hostigamiento contra dirigentes sociales y la oposición, emprendida por el gobernador Rafael Moreno Valle.

La legisladora señaló que de acuerdo a los dichos de los Sarabia, antes de que fueran  detenidos, el gobierno poblano había instalado una mesa de trabajo y diálogo con ellos, pero las aprehensiones injustificadas y la represión a quienes cuestionan los métodos de Moreno Valle van en aumento y por ello, el Congreso de la Unión debe emprender acciones.

A fin de atender la problemática, agregó la congresista, se ha planteado ante la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, la propuesta de llamar a comparecer al titular de Gobernación, para que hable del tema e informe cuál es la situación de la detención forzada en el país.

Recalcó que no se puede admitir como una constante en el gobierno de Puebla, que el hostigamiento y la estigmatización a dirigentes sociales y de oposición continúen como parte de las “añejas” prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional (PAN).

La vicepresidenta de San Lázaro sentenció que en México no pueden persistir los “pactos de impunidad”, donde las autoridades responsables de violentar lo derechos de los ciudadanos, no sean llamados a responder ante la ley.