Reforma al artículo 11 constitucional inhibirá la protesta: ONGs

MVS. La reforma al artículo 11 de la Constitución aprobada en la Cámara de Diputados, que busca asegurar el acceso universal “al derecho a la movilidad” bajo los principios de “igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad”, si bien la normativa “no implica la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, aunque puede generar condiciones para ello.

El Dictamen expresamente prohíbe reglamentar las manifestaciones públicas al momento de hacer la ley secundaria, señalando que se debe regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes. Afirmación coherente con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre protesta social en México (octubre de 2014 en la CIDH) que en voz de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, expresó al Estado mexicano que “el paradigma democrático no es el control de la ciudadanía sino el control del ejercicio de poder y del uso y el abuso de la fuerza de sus agentes”.

Es claro que en el contexto actual “prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión.” Lo que fortalece la preocupación de que a través de la Ley General de Movilidad se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.

Por cierto, al momento se han presentado más de 10 iniciativas a nivel federal y local en los últimos dos años con la intención de restringir cualquier expresión de disenso y descontento social. De esas iniciativas, fueron aprobadas 3 este año que actualmente se encuentran vigentes Ley de Movilidad (DF), Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla (Puebla) y Ley de Ordenamiento Cívico (Quintana Roo).

Aún cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, no deja de alarmar que se enmarque en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad.

En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello llama poderosamente la atención, que en este contexto, el PRD señalé que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policiaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la agrupación ambientalista Greenpeace, refrendan que se deben garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática.

La reforma al artículo 11 de la Constitución aprobada en la Cámara de Diputados, que busca asegurar el acceso universal “al derecho a la movilidad” bajo los principios de “igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad”, si bien la normativa “no implica la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, aunque puede generar condiciones para ello.

El Dictamen expresamente prohíbe reglamentar las manifestaciones públicas al momento de hacer la ley secundaria, señalando que se debe regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes. Afirmación coherente con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre protesta social en México (octubre de 2014 en la CIDH) que en voz de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, expresó al Estado mexicano que “el paradigma democrático no es el control de la ciudadanía sino el control del ejercicio de poder y del uso y el abuso de la fuerza de sus agentes”.

Es claro que en el contexto actual “prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión.” Lo que fortalece la preocupación de que a través de la Ley General de Movilidad se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.

Por cierto, al momento se han presentado más de 10 iniciativas a nivel federal y local en los últimos dos años con la intención de restringir cualquier expresión de disenso y descontento social. De esas iniciativas, fueron aprobadas 3 este año que actualmente se encuentran vigentes Ley de Movilidad (DF), Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla (Puebla) y Ley de Ordenamiento Cívico (Quintana Roo).

Aún cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, no deja de alarmar que se enmarque en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad.

En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello llama poderosamente la atención, que en este contexto, el PRD señalé que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policiaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la agrupación ambientalista Greenpeace, refrendan que se deben garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta. Finalmente, defensores y manifestantes insisten enérgicamente llamado al Congreso de la Unión para que durante el proceso de reglamentación de la reforma constitucional evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sobre tal proceso nos mantendremos vigilantes; como se recordará, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está conformado por: la Oficina para México y Centroamérica; el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.,” el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. y Greenpeace México.

estringir ilegítimamente el derecho a la protesta. Finalmente, defensores y manifestantes insisten enérgicamente llamado al Congreso de la Unión para que durante el proceso de reglamentación de la reforma constitucional evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sobre tal proceso nos mantendremos vigilantes; como se recordará, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está conformado por: la Oficina para México y Centroamérica; el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.,” el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. y Greenpeace México.