MVS. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió con los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, a consolidar los indicadores que generen políticas públicas para promover, proteger y garantizarlos a favor de los mexicanos.
De acuerdo al encargado de la política interna del país “las acciones preventivas deben ser contempladas de manera prioritaria en la agenda de los derechos humanos”, por ello, durante el encuentro, instruyó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García, la realización del programa que determine el cómo y para qué actuar en los temas relacionados a este Consejo.
En su momento, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, admitó que implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos es un gran reto debido a su trascendencia; sin embargo, detalló, México ha avanzado en este tema, y ésto es reconocido a escala internacional.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, destacó que el Consejo Ciudadano es un arma potente que si logra trabajar en paralelo con el Gobierno de la República, se avanzará en este tema para beneficio de la sociedad.
A su vez, Miguel Concha Malo, representante de la sociedad civil, presidente y director general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, urgió en la necesidad de que el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sea tipificado como desaparición forzada, a la vez, que pidió a las autoridades, revisar el tema de la tortura en México.
“Que las consignaciones en el caso de Ayotzinapa, deben abarcar el delito de desaparición forzada de personas, y que por lo mismo en el país debe haber una tipificación uniforme, de ese delito, y debe de hacerse en conformidad con los estándares internacionales, con los convenios internacionales que han adoptado a los derechos humanos, y sobre todo debe ser conocido por ministerios públicos, procuradurías de los estados y la Procuraduría General de la República”.
El Consejo se instaló el 11 de junio de 2014, y tiene como propósito diseñar directrices para la implementación de esta reforma, determinar sus alcances y definir una metodología generalizada, incluyente y eficiente.
Entre los integrantes del Consejo que acudieron al encuentro, estuvieron también Mariclaire Acosta Urquidi, directora de Freedom House México; Katia D´Artigues, periodista; José Luis Caballero, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, entre otros.
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