Propondrán legislar en materia de conflicto de intereses y declaración patrimonial

MVS. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas, pidió a su bancada legislar en materia de conflicto de interés e impulsar cambios legales que obliguen a los funcionarios públicos a dar a conocer por completo y de manera pública sus declaraciones patrimoniales.

En la víspera de la reunión plenaria de los panistas en el Senado, la legisladora indicó que propondrá tales reformas, a fin de complementar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Rojas Hernández señaló que sólo con leyes claras, podrán evitarse casos como el de la “casa blanca”, la casa de Ixtapan de la Sal y la casa de Malinalco; así como el financiamiento del Ejecutivo Federal a contratistas favorecidos con licitaciones de obra pública.

La congresista dijo que el PAN debe integrar a  la lista de prioridades para el siguiente periodo ordinario, el combate al tráfico de influencias en el servicio público, ello, en el marco de los escándalos que rondan al Presidente de la República y a funcionarios de su gabinete, como el titular de la Secretaría de Hacienda.

La integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, enfatizó que urge enfrentar los conflictos de interés que generan corrupción en el país, al igual que obligar a funcionarios de todos los órdenes de gobierno, empezando por el Primer Mandatario y sin excepción, a que rindan cuentas públicas sobre su patrimonio.

La legisladora remarcó que todo funcionario debe proporcionar información completa sobre su evolución patrimonial, para que ésta sea sujeta a un claro seguimiento y escrutinio público.

Asimismo, señaló que el PAN debe concretar las leyes secundarias en materia de transparencia, mismas que tienen como plazo el próximo 7 de febrero. El propósito es que todo ciudadano, sin importar su lugar de origen o dónde radique, tengan pleno acceso a la información pública, destacó.

Asimismo y en calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales en la sede senatorial, dijo que el Congreso debe adecuar el marco legal ante decisiones del Ejecutivo, como la de participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.

De igual modo, demandó que ante los miles de casos de personas desaparecidas en México, es preciso reconocer la jurisdicción del Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU, para que ante la omisión de autoridades mexicanas, las víctimas y sus familiares puedan acudir directamente al ámbito internacional.