MVS. La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, consideró que la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de reclasificar el caso Tlatlaya como un hecho de violaciones graves a los derechos humanos, corrobora que el país sufre una crisis severa de impunidad y falta de justicia.
La diputada Julisa Mejía, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, lamentó que las autoridades del Estado de México y a nivel federal hayan dejado pasar por alto prácticas ministeriales irregulares y hechos que rondan el caso, como ejecuciones extrajudiciales, trato inhumano y tortura a las personas detenidas.
Mejía Guardado señaló que el tratamiento por parte de las autoridades al asesinato de 22 personas en Tlatlaya, cometido por elementos del Ejército Mexicano, es ejemplo de los vicios y anomalías del sistema de justicia mexicano.
El hecho de que la CNDH haya señalado que en Tlatlaya se cometieron irregularidades como violación al derecho a la verdad y al acceso a la justicia, obliga al gobierno mexiquense a erradicar ese tipo de prácticas.
“Es tiempo ya pasar de la simulación mediática de que se combaten estas prácticas ministeriales para obtener confesiones a modo, mismas que se creían ya erradicadas de las oficinas gubernamentales y que, de acuerdo a testimonios, están más que arraigadas”, advirtió.
La legisladora refirió que la situación de inseguridad en particular en territorio mexiquense es preocupante por el creciente número de feminicidios, ejecuciones, casos de tortura, extorsión y secuestro, que incluso son cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad.
Agregó que si las condiciones de injusticia en México empeoraron con la anterior administración panista, en el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, el problema se ha agudizado.
“No cabe duda que las cosas no han cambiado para México, que todo fue un montaje mediático para hacernos creer que lo estaban haciendo, pero a los ciudadanos ya no les dan atole con el dedo y lo demostrarán en las urnas en junio próximo, porque las familias mexicanas están cansadas de tanta simulación”, agregó.
Por ello, manifestó la legisladora del Sol Azteca, el país requiere una verdadera Fiscalía General de la República con autonomía plena y un sistema nacional anticorrupción que no esté bajo el control del Ejecutivo Federal.
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