Se deslinda el PRD de la autorización a la bancada Morena en San Lázaro

MVS. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados no se opone a la conformación de una octava bancada, la del partido Movimiento  de Regeneración Nacional (MORENA) ni será un obstáculo para ello.

Sin embargo, la autorización en ciernes responde a un acuerdo político entre los demás grupos, empezando por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), aclaró el coordinador Miguel Alonso.

Al deslindarse de la determinación que se confirmaría en el transcurso del mes de enero o bien, en la víspera del arranque del periodo ordinario de sesiones de febrero, el diputado Alonso Raya puntualizó que ni su partido ni el resto de las fuerzas políticas en el Congreso le temen al fundador de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.

“Simplemente ellos construyeron un acuerdo y nosotros respaldamos el acuerdo político que ellos han construido. Si así construyeron un acuerdo político para el reconocimiento de una bancada de MORENA,  nosotros no nos vamos a atravesar ni vamos a ser obstáculo para éso. Que cada quien en todo caso, explique el asunto”, atajó.

El legislador agregó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá abordar el tema en su próxima reunión, cuya fecha aún no se define, pero que tentativamente podría llevarse a cabo el próximo 7 de enero, fecha en que también se reúne la Comisión Permanente del Congreso.

“Cuando se reúna la Junta, quedamos de resolverlo en la reunión que tenga la Junta de Coordinación, que si se reúne en enero, tendremos que desahogar el tema, ese como el de la solicitud de la comisión investigadora de los contratos con el Grupo Higa”, planteó.

Lo anterior, al recordar que un numeroso grupo de diputados, aproximadamente 200, del PAN, PRD, el Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano (MC), firmó en días pasados la solicitud de abrir una nueva comisión investigadora, en este caso, enfocada a revisar los contratos del Ejecutivo Federal y demás instancias de los tres órdenes de gobierno, con la empresa del contratista Juan Armando Hinojosa, involucrado en los casos de las casas de la esposa del Presidente de la República y del titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP).