Según informe preliminar del caso Tlatlaya, línea de investigación apunta a civiles

MVS. El Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados sobre el caso Tlatlaya, dio a conocer el texto de su informe preliminar de actividades  que desde el pasado 27 de diciembre presentó ante la Junta de Coordinación Política.

El reporte indica que de acuerdo a la información ofrecida por instancias federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales en materia de derechos humanos, existe consenso en cuanto a que los elementos del Ejército destacados en la zona, hicieron uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza; en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, alteró y manipuló el lugar de los hechos.

Los legisladores concluyeron que a raíz del desarrollo del caso y la información proporcionada por las instancias consultadas, “existe una línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios”.

Entre el listado de avances en el esclarecimiento del caso, el punto uno indica que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar en el lugar y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje.

Tampoco se cuenta con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con 8 elementos, cuando la regla es que dichos contingentes cuenten con al menos 12 elementos.

Las autoridades que aportaron datos, agrega el documento, coincidieron en señalar que hubo uso ilegal, excesivo, desproporcionado y sin que se realizara la grabación del mismo, infringiendo el Manual de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Armadas.

“Sin embargo, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”, dice.

Agrega que la falta de una conclusión definitiva, es consecuencia directa de la alteración de elementos, de la escena de los hechos y del desplazamiento de los cadáveres fuera de sus posiciones originales.

Expone que “el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte elementos militares”, y presumiblemente, de funcionarios de la Procuraduría de Justicia mexiquense.

Remarca que el Estado mexicano ha reconocido actos de tortura, intimidación y alteración de la escena, todo ello, por parte de la autoridad judicial mexiquense.

Dice que la información e intervención de la Representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue fundamental para que la autoridad federal reconociera la posibilidad de actos delictivos por parte de elementos militares.

Indica que la aceptación de la recomendación de la CNDH por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno del Estado de México, “significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría del Estado de México”, mismos que se encuentran bajo investigación en dicha jurisdicción.

Señala que tampoco se tiene conocimiento de que existan procesos contra elementos militares que acudieron posteriormente al área de los sucesos para asegurar la bodega y que pudieron participar o presenciar las ejecuciones extrajudiciales.

Recalca que para el Grupo de Trabajo el caso Tlatlaya es grave y paradigmático, pues releva ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben erradicarse.

Entre los pendientes del Grupo de Trabajo, está recibir toda la información documental solicitada a instituciones como la SEDENA y PGR; en tanto que la reunión con el gobernador del Estado de México nunca prosperó.

Añade que los integrantes del Grupo convocarán a una audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil, para que aporten elementos que permitan contar con una perspectiva informada y plural.

También se busca contactar a las víctimas, sobrevivientes, testigos, víctimas indirectas y periodistas, e incluso, a las dos mujeres detenidas, que fueron enviadas a un penal en Nayarit, pero que obtuvieron su libertad en diciembre pasado.