Urge completar investigación de PGR y continuar búsqueda de normalistas: abogado

MVS. El ataque en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” del pasado 26 de septiembre, “es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que se ha suscitado en la última recta  en la historia de nuestro país, solamente equiparable a los hechos que se dieron en la ‘guerra sucia’ –más aun porque estamos hablando de una violación que se dio en un solo día- expresó en entrevista con Noticias MVS, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos.

A unas horas de la VIII Acción Global por Ayotzinapa “y por México”, como ha agregado el magisterio disidente que ahora organiza esta jornada de protestas, indicó que si a ésto le añadimos el componente de la colusión del crimen organizado con autoridades, el hecho amerita un esclarecimiento total, amerita tener verdad, tener justicia, reparación, no podemos quedarnos otras con asignaturas pendientes, con heridas abiertas en este país sobre todo en Guerrero que ha estado marcado por la violencia sociopolítica que ejercen sus gobiernos, que ha estado marcado por las masacres, por las desapariciones, por violaciones graves a los derechos humanos.

En la Acción Global por Ayotzinapa suman el “rechazo a las reformas estructurales.

A 120 días de la desaparición de los normalistas que fueron vistos por última vez cuando se los llevaron autoridades de Iguala, Guerrero, “amerita que pueda hacerse una investigación cabal y que puedan abrirse las líneas que sean necesarias para dilucidar, esclarecer y ofrecer certeza y verdad a los padres de familia”, insistió el abogado Rosales, al señalar que “la línea del basurero de Cocula de la PGR, es una investigación que se ha enturbiado, que necesita mayor esclarecimiento y éso se puede lograr en la medida que mas líneas se puedan investigar y si eso pasa por investigar a las fuerzas armadas pues tiene que hacerse.

Estamos ya ante tiempos en los que se han suscitado reformas a la Constitución con las que el ejército debe estar sometido a mas controles judiciales, debe estar sometido al escrutinio judicial; no hay razón para seguir pensando en una institución cerrada que se conduce y se maneja en la opacidad con en el fuero que tiene, subrayo el integrante de Tlachinollan.

Vidulfo Rosales recordó que los próximos días dos y tres de febrero, se realizará la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa solicitaron su participación ante el pleno en Ginebra y les fue concedida, para presentar un informe donde acusan que los hechos de Iguala son un “crimen de Estado” en el marco de un clima de impunidad y falta de justicia en México, y exponen la necesaria apertura de una línea de investigación sobre el Ejército Mexicano y otros involucrados.

“Se trata de una desaparición clásica establecida en la convención (de la ONU) fue una violación fragante (y se acude) para que tengan conocimiento desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas, de que es una violación grave que llevaron a cabo autoridades; el comité evaluará y seguramente hará un informe y emitirá  recomendaciones para señalar donde se está fallando, donde están las falencias del Estado mexicano en materia de desaparición forzada de personas”, precisó Rosales.

“Todos desearíamos que hubiera otras autoridades distintas que pudieran investigar y avocarse al esclarecimiento de los hechos pero no podemos; es ésta –autoridad- la que tiene que investigar”, agregó el abogado Rosales, al pedir al gobierno mexicano a cuatro meses de los hechos de Iguala, que las investigaciones “tengan una perspectiva de derechos humanos se apeguen a los estándares en materia de derechos humanos y desaparición forzada, debe tenerse respeto por las victimas para no causarles dolores adicionales, que la informacion primero sea del conocimiento de las victimas antes de que se haga pública y se dé un trato digno a los padres de familia”.

A cuatro meses de los hechos, “aún sigue sin poderse profundizar en las investigaciones, aún no hay prueba científica irrefutable de que nuestros compañeros hayan sido asesinados como la Procuraduría General de la República lo establece. Para nosotros, es una investigación todavía incompleta, es una investigación con una serie de limitaciones e inconsistencias que amerita su profundización, que amerita completarse y, por otro lado se requiere seguir con la búsqueda en los mismos niveles, porque aun no hay evidencia científica que acredite lo contrario; en esa virtud, la búsqueda (de los normalistas rurales desaparecidos) debe continuar, debe rediseñarse y seguir”, concluyó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan.