Atiende Segob observaciones de ASF sobre desvío de recursos destinados a seguridad

MVS. Luego de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) diera a conocer a través de su Informe sobre Cuenta Pública 2013, que los fondos federales destinados para la seguridad son desviados por parte de los gobiernos locales para otros fines, como pago de deuda o servicios personales; la secretaria técnica para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, advirtió que se vigilará la aplicación de los recursos para la aplicación del nuevo mecanismo en los 32 estados.

En conferencia de prensa, la funcionaria federal recordó que en la cuenta pública del 2012, fueron solventadas todas las observaciones que la ASF hizo al respecto, por lo que hoy se lleva a cabo una revisión minuciosa para eficientar el gasto destinado a equipamiento, infraestructura y capacitación.

“Hay un sistema informático que le da seguimiento día a día de las acciones que realizan las entidades federativas, además del acompañamiento personalizado que realiza personal de la secretaría Técnica para efectos de fortalecer esta utilización de recursos y asegurarnos el debido uso de los mismos”.

Al hacer un corte de caja sobre los avances en la aplicación del sistema, Fromow Rangel, admitió que a poco más de un año de vencer el plazo constitucional para que en 2016 se cuente con el nuevo mecanismo para impartir justicia, alrededor del 50 por ciento de las entidades aún no cumplen con el mandato.

Fromow Rangel señaló que ha habido resistencias por parte de algunas entidades, que bajo el argumento de que no han llegado los recursos, o bien, que no se tiene la capacitación necesaria para la implementación.

“Resistencias las seguimos observando, a veces señalando que no tenemos el dinero, que no tenemos la capacitación necesaria, que no se está tomando en cuenta a los abogados, estamos haciéndonos cargo de los que se necesita para lograr el objetivo constitucionalmente establecido”.

En ese sentido, indicó que son alrededor de 28 entidades las que presentan rezagos, encabezando la lista el estado de Sonora, el cual estima que sea a principios de 2016 que opere de manera parcial.

De las 32 entidades, sólo Chihuahua, Morelos, estado de México y Yucatán han cumplido al cien por ciento, mientras que el resto se encuentra en alrededor del 50 por ciento, o menos de avance.

Señaló que el no cumplir con el mandato sería inconstitucional y los juicios que se lleven a cabo después del 18 de junio de 2016 serían inconstitucionales y éso llevaría a la impunidad en el país, por lo que “no habrá marcha atrás”.

Por último, acompañada por representantes de los gobierno de Chihuahua, Chiapas, y Michoacán, mencionó que de la Iniciativa Mérida, fueron aprobados ocho proyectos de parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, relacionados con salas de juicios orales, equipamiento, proyectos de capacitación, así como de tecnologías. En total, dijo que han destinado  8 mil millones de pesos.