Busca EPN ‘limpiar huellas’ de conflictos de interés; insuficiente, reactivar SFP: oposición

MVS. Las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados coincidieron, por separado, en expresar sus reservas sobre el anuncio hecho por el Presidente de la República, respecto a que la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular fue nombrado este día, se encargará de investigar si existe conflictos de interés en torno a la casa de su esposa en Las Lomas, su propiedad en Ixtapan y la residencia del titular de la Secretaría de Hacienda en Malinalco.

Tajante, el coordinador del Sol Azteca, Miguel Alonso, dijo que se trata de las instrucciones para “limpiar las huellas” del conflicto de interés entre funcionarios federales y el Grupo Higa.

Alonso Raya señaló que es facultad del Primer Mandatario nombrar al titular de la Función Pública, instancia que hasta el momento contaba con un encargado de despacho, en tanto se implementar su reestructuración como parte del sistema anticorrupción.

Recalcó que dicho anuncio no impide o no debe impedir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite a fondo el asunto de las casas del Presidente, su esposa y el titular de Hacienda; y tampoco debe frenar la conformación de la Comisión Investigadora de los contratos de la empresa Higa con organismos públicos, solicitud que ya cuenta con el respaldo de 220 legisladores.

Sin embargo, se percibe que el anuncio hecho por el titular del Ejecutivo, es similar a lo que en su momento se hizo desde el Gobierno Federal para tapar o “limpiar” los desfalcos, conflictos de intereses y desvíos de recursos públicos en que incurrió el hermano del Presidente Carlos Salinas, Raúl Salinas.

“Aquí, darle la instrucción para la investigación es casi una instrucción para la ‘limpia de las huellas’ que indiscutiblemente ha dejado toda esta relación de conflicto de interés entre el Grupo Higa con casi todos los funcionarios del Estado de México y casi todos los que ahora siguen siendo o son funcionarios, bueno, el Presidente de la República y funcionarios, secretarios, varios de ellos del gabinete y del equipo de gobierno”, apuntó el coordinador perredista.

Incluso, el diputado Miguel Alonso dijo que “no puede oler bien que el Presidente en estos momentos, en el marco de la discusión, de la polémica y de un proceso que está en el Legislativo, pues nombre a alguien que sustituye el encargado de despacho de la Función Pública, lo esté nombrando secretario. Le está haciendo un encargo y entonces, si quiere hacerle el encargo, creo que el encargo debería ser al Sistema Anticorrupción que creáramos para que hiciera lo que tenga que hacer con la investigación correspondiente”.

Más mesurado, el líder del albiazul en San Lázaro, Ricardo Anaya señaló que las medidas

administrativas anunciadas no son una solución de fondo y por el contrario, se alejan de las “mejores prácticas” en materia de transparencia, en tanto que un subordinado del Primer Mandatario, tendrá la encomienda de investigar a su superior.

“Se anuncian hoy medidas administrativas que, por definición, están sujetas a la voluntad del Gobierno en turno. Aun cuando algunas fueran positivas, serán insuficientes mientras no se apruebe a nivel constitucional y legal en el Sistema Nacional Anticorrupción”, planteó.

“Está fuera de las mejores prácticas internacionales que un subordinado investigue a su superior, porque ahí mismo podría haber un conflicto de interés”, recalcó el coordinador panista.

Enfatizó que Virgilio Andrade, nuevo titular de la Función Pública, es un subordinado del Presidente y tiene funciones de control interno, pero siguen haciendo falta “controles externos verdaderamente independientes”, con instancias fortalecidas, como la Auditoría Superior de la Federación y el Fiscal Anticorrupción.

Consideró que para evitar vicios y suspicacias en las medidas anticorrupción, el titular de la Función Pública debería ser ratificado por el Senado de la República, y no por el Primer Mandatario.

Anaya Cortés aprovechó para lanzar un reto a los priístas: pasar a los anuncios y los “dichos” a las acciones y avalar el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Nosotros queremos ver a los diputados del PRI votando a favor del Sistema Nacional Anticorrupción y no de cualquier sistema, de uno robusto, integral, verdaderamente autónomo que garantice investigaciones objetivas y sobre todo que garantice castigos ejemplares”, abundó.