David Monreal pide informe sobre casos de corrupción de servidores públicos

MVS. El senador del Partido del Trabajo, David Monreal Ávila, consideró que la Secretaría de la Función Pública (SFP), debe rendir un informe pormenorizado a la Cámara Alta sobre los expedientes, casos o situaciones relacionados con actos de corrupción, por parte de servidores públicos, así como el estatus que guardan.

A través de un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el legislador expuso que la dependencia federal debe dar a conocer las acciones, programas o estrategias que se implementarán, a fin de combatir y erradicar este tipo de prácticas de todas las instituciones públicas.

Monreal Ávila dio a conocer que, según la revista Forbes, a México le cuesta cerca de 100 mil millones de dólares al año la corrupción, aunque hizo énfasis en que lo más lamentable es que a este mal se le vea como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen.

Indicó que además los ciudadanos no confían en las instituciones, ya que según el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014, el 61 por ciento de los mexicanos víctimas de algún delito no denuncia y el 63 por ciento dijo que no sirve de nada.

De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, el costo anual de la corrupción en México representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado; y es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año.

Subrayó que el costo de la corrupción, apoyada en la impunidad, es considerablemente alto; además de que representa una amenaza y genera consecuencias graves para las actividades económicas o productivas del país; pero lo más grave es no impulsar cambios inmediatos para erradicarla.

Monreal Ávila confió que con el reciente nombramiento del titular de la SFP se apliquen medidas ejemplares para aquellos servidores públicos que se han visto envueltos en conflictos de interés y actos de impunidad, o se les separe de sus cargos para blindar a las instituciones, con el objetivo de llevar a cabo procesos de trasparencia eficientes, apegados a derecho, que permitan promover una cultura de legalidad.