La impunidad sigue siendo la norma en México: AI

MVS. En México, “la impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes seguía siendo la norma”, advierte en el informe 2014/2015 de Amnistía Internacional (AI) La situación de los derechos humanos en el mundo, en su capítulo México, donde resume que se han recibido “nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta” así como una persistente “falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército”.

En este febrero del 2015, “más de 22 mil personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero; las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas” y solo se han registrado “siete condenas por el delito de desaparición forzada”, ninguna en el actual gobierno (son sentencias del 2005 al 2010),” detalla el organismo humanitario.

Autoridades federales  reconocieron que de las 22.611 personas desaparecidas, 9 mil 790 son los desaparecidos del actual gobierno, y 12 mil 821 de la pasada administración, agrega.

El Informe sobre la situación mundial de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional reporta los hechos del 26 de septiembre del 2014 en Guerrero: “la policía municipal de Iguala, en connivencia con delincuentes organizados, fue responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En noviembre, el procurador general de la República, Jesús Murillo, anunció que la principal línea de investigación, basada en los testimonios de tres miembros de la banda delictiva aparentemente implicados en el caso, indicaba que los estudiantes habían sido asesinados, quemados y arrojados a un río. Su anuncio no abordaba los niveles generales de impunidad, corrupción y casos de desapariciones sin resolver en México,” alerta el organismo que advierte al mundo que aún se desconoce el paradero de los normalistas.

Ante las exigencias de justicia en México y diversas partes del globo por “los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada,” Amnistía Internacional resalta que la presidencia de la República anunció “un cambio constitucional que otorgaría a los estados control sobre la policía local. Las medidas se iban a implementar de manera escalonada, empezando por los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas… también se propuso la creación de un número nacional de emergencia, el 911, así como la implantación de zonas económicas especiales en el empobrecido sur del país.”

En el último año, soldados y marinos, aún son señalados como posibles responsables de múltiples abusos humanitarios, apunta Amnistía Internacional al destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso “reforzó las obligaciones jurídicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura” y que “se abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles.” desde la acción oficial, las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultan por lo general infructuosas,” sentencia el organismo.

En el informe mundial de Amnistía Internacional se destacan las tareas policiales del Ejército y la Marina policiales, “sin una rendición de cuentas efectiva,” lo que se traduce en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, así como ejecuciones extrajudiciales. “En julio, soldados mataron a 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya, estado de México, en lo que las autoridades militares describieron como un tiroteo contra hombres armados… las pruebas apuntaban a que algunas de las víctimas habían muerto por disparos a quemarropa; medios de comunicación revelaron pruebas testificales que indicaban que, tras un breve intercambio de disparos, muchas de las personas fallecidas habían sido ejecutadas extrajudicialmente después de entregarse. Siete militares fueron arrestados el 8 de noviembre y continuaban sometidos a investigación por las ejecuciones, pero siguen sin aclararse si los mandos que habían intentado encubrir el incidente también serían procesados por el sistema de justicia civil,” destaca la agrupación humanitaria.

La violencia relacionada con la delincuencia organizada  en México, recapitula Amnistía Internacional, ha dejado 24 mil 746 homicidios en los nueve primeros meses del año (frente a los 26 mil 001 del mismo periodo de 2013). En septiembre del año pasado, un diagnostico de sociedad civil estimó que en 2013 se habían producido 131 mil 946 secuestros, frente a los 105 mil 682 del 2012. –el organismo humanitario destaca en este contexto, la aparición de grupos de autodefensa principalmente en Michoacán y Guerrero.

“Tras varios retrasos, la nueva Gendarmería Nacional, una división de la Policía Federal, comenzó a operar en agosto con 5 mil agentes. Contaba con muchos menos efectivos de los que se había propuesto en un principio. Su labor y prácticas operativas seguían sin especificarse y el gobierno no incorporó las recomendaciones relativas a garantizar la existencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, protocolos de funcionamiento y una supervisión efectiva para prevenir las violaciones de derechos humanos. Esta fuerza fue desplegada temporalmente en los estados de México y Guerrero para desempeñar funciones policiales,” agrega el organismo.

Los migrantes sin documentos en tránsito por México siguen enfrentando el secuestro, la extorsión, la violencia sexual, la trata y hasta el asesinato; asimismo, las agresiones por razón de género son “habituales”; periodistas y defensores humanitarios siguen siendo víctimas de hostigamiento, amenazas, cargos penales por motivos políticos y asesinato (El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas recibió 72 casos en los primeros nueve meses del 2014 pero, en general, “siguió sin brindar una protección oportuna y eficaz y las medidas de protección a menudo dependen de autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas mismas autoridades estaban involucradas en los ataques”); los proyectos de desarrollo y explotación de recursos que afectan a comunidades indígenas han generado protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y consentimiento; en todos estos casos, “rara vez los responsables comparen ante la justicia,” lamenta el organismo.

Asimismo, Amnistía Internacional subraya que pese a la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos, “hubo escasas muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la situación de los derechos humanos.”

Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, agrega, “adoptaron o intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones. Tales cambios no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y suponían una amenaza para la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional menciona en su informe global el caso de José Luis Tehuatlie de 13 años, herido de muerte posiblemente por agentes policíacos de Puebla, durante un operativo frente a una protesta callejera.

Las detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía federal, estatal y municipal seguían siendo “generalizadas para arrancar confesiones” para cerrar investigaciones penales, o incluso para extorsionar. Prácticamente no se han dictado condenas contra funcionarios responsables de practicar la tortura.

En mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó su sentencia de 2013 en el caso de Israel Arzate, arrestado arbitrariamente y torturado por soldados para acusarlo de estar involucrado en la masacre de Villas de Salvárcar del 2010. “La sentencia enunciaba importantes criterios sobre la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante detenciones ilegales y sobre la obligación de investigar las denuncias de tortura. Sin embargo, no sentó un precedente vinculante para otros tribunales,” dice el organismo.