Por: Alejandro Muñoz.
“En el estado se promueve un discurso jurídico de mayor protección a los derechos humanos, sin embargo la realidad es otra pues la justicia se ve menguada por formalismos y tecnicismos, que son en la mayoría favorables a quienes cuentan con los recursos económicos y políticos para beneficiarse de una procuración de justicia a modo” así lo denunció la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH).
Lo anterior en el marco del informe que rindió el magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, frente al Tribunal Superior de Justicia.
En conferencia de prensa Israel Sampedro Morales, integrante de la RDDH expuso que el caso de su compañera Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, a quien se le ha negado el derecho de defensa ante los tribunales de justicia para pronunciarse respecto al juicio viciado y fraudulento del que es víctima y el cual ha concluido sin darle oportunidad de defensa.
Y es que indicó que el juez décimo segundo especializado en materia fiscal determino de manera injusta el despojarla de su vivienda para entregársela a la empresa “Zendere”, encargada de recuperar cartera vencida hipotecaria.
“La implementación de los juicios orales en la entidad representa un mecanismo con muchos aspectos positivos, sin embargo, se tienen que eliminar los modelos de corrupción para el buen funcionamiento”.
Finalmente realzó un llamado a las víctimas del despojo legalizado de la vivienda a sumarse a la defensa organizada de sus patrimonio, así como a la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales para complementar las observaciones de la Comisión Interina de Derechos Humanos en el tema del derecho a la vivienda.
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