Mujeres viven infierno en prisiones del DF y 31 estados, destapa informe de la CNDH

Foto: Cuartoscuro

SinEmbargo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió las irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en cárceles del país.

En el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, el organismo detalló que las violaciones están relacionadas con el trato digno, legalidad y la seguridad jurídica, protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.

El documento está dirigido al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a los gobernadores de los estados, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa y al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

La CNDH observó que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.

“El Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas”, señala el organismo.

El Informe Especial es resultado de una investigación realizada por la CNDH durante los meses de febrero y marzo de 2014, cuando visitó 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, donde en esos momentos, había alojadas 11 mil 107 internas.

“En los centros de reclusión se detectaron irregularidades diversas, como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; prostitución, inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias”, reveló la CNDH.

Asimismo, se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.

De acuerdo con el informe de la CNDH, el promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, encontrando el mayor número de ellas (21), en el estado de Guerrero en los Centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.

La CNDH planteó 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las internas.

El organismo urgió al Estado mexicano la implementación de políticas públicas y prácticas administrativas encaminadas a cubrir necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, como lo son las relacionadas con las condiciones de estancia, alimentación, salud y seguridad, así como a garantizarles el acceso efectivo a las actividades y servicios relacionados con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir, de conformidad con los dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ABUSO SEXUAL, GOLPES Y HUMILLACIÓN

La Comisión aplicó encuestas anónimas a internas de los diferentes penales visitados en el país. El documento detalla que las mujeres presas denunciaron la práctica de diversos actos de maltrato físico y psicológico, tales como amenazas y golpes, así como de humillaciones y tratos discriminatorios, infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia.

Incluso en el Centro de Reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias internas encuestadas señalaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual.

El documento desglosa que 60 internas de 33 penales de casi todo el país, en entidades como Baja California, Chipas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, y otras, denunciaron haber sido golpeadas por el personal.

Mientras que 147 internas de 50 cárceles, dijeron que han sido objeto de amenazas por parte del personal adscrito al establecimiento.

En tanto, 256 internas en 61 penales, refirieron haber sufrido algún tipo de humillación de parte del personal adscrito al centro penitenciario.

Además otras 213 presas de 55 centros, señalaron la existencia de tratos discriminatorios de parte del personal.

Aunado a los malos tratos, continúa el informe, la mayoría de las cárceles destinadas a las mujeres no cuenta con instalaciones adecuadas en cuanto a su infraestructura, mobiliario y equipo para garantizar a las internas una estancia digna y segura, debido a que presentan alguna o varias de las deficiencias que se mencionan a continuación: falta de planchas para dormir y colchonetas, lo que provoca que internas duerman en el piso; mantenimiento de los servicios sanitarios y de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de drenaje, así como en pisos, paredes y techos.

Muchos penales del país, concluye la CNDH, tienen fallas en el suministro de agua que se utiliza para el aseo de las internas y de las estancias, “lo que ocasiona inadecuadas condiciones de higiene”.

Estas anomalías fueron detectadas en al menos 51 centro penitenciarios ubicados en 25 estados de la República.

Por otra parte, se detectó que en cárceles mixtas, las áreas destinadas a las mujeres carecen de servicios e instalaciones adecuadas, lo que hace evidente, agrega la Comisión, “una clara situación de desigualdad”. Pues no cuentan con áreas de ingreso, centro de observación y clasificación, protección, sancionadas, patios, visita familiar e íntima, cocina, comedores, consultorios o instalaciones deportivas.

Es relevante destacar, de acuerdo a lo anterior, los casos de los centros de reclusión de Tecomán, en Colima; Benito Juárez de Cancún, Quintana Roo y de Fresnillo, en Zacatecas, los cuales carecen de instalaciones para las internas, por lo que son alojadas en espacios habilitados del área varonil.

El informe agrega que en 65 centros de reclusión que fueron visitados, también se detectaron irregularidades relacionadas con la mala calidad de los alimentos, cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades de las internas; proporcionándoles dos comidas al día; entrega de despensa para que se preparen sus alimentos, o no se proporciona alimentación especial a los hijos de las internas que viven con ellas en el centro penitenciario.

El documento alerta de sobrepoblación y hacinamiento en al menos 17 penales ubicados en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.

En los cuales un considerable número de internas duermen en el suelo a falta de camas.

“Cabe destacar el caso del establecimiento de Venustiano Carranza, en Nayarit, donde la sobrepoblación es de 246%, así como los de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, y Cárdenas, en Tabasco, en los que es igual o mayor al 100 por ciento”, detalla la CNDH.

AUTOGOBIERNO Y PROSTITUCIÓN

La Comisión tuvo conocimiento también en 38 penales mexicanos de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización de alguna o varias actividades propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, la vigilancia, mantenimiento del orden, la aplicación de sanciones disciplinarias, la distribución de los alimentos, las tareas de limpieza, la organización de actividades laborales, educativas o deportivas; el acceso al servicio médico, la visita familiar e íntima, así como el uso de teléfonos públicos, entre otros.

Por ejemplo, en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos en el área varonil.

Obtuvo de igual manera información sobre la existencia de cobros a cargo de las internas o del propio personal del centro, especialmente de seguridad y custodia, por ejemplo, para brindar seguridad o garantizar la seguridad de las internas.

Detectó en algunos penales algunos privilegios: como que algunas estancias son ocupadas por una o varias mujeres, cuando la mayoría presenta hacinamiento, así como la posesión de aparatos electrónicos.

A través de las encuestas realizadas en algunos penales, la CNDH obtuvo datos sobre la presencia de prostitución en 20 establecimientos penitenciarios de los estados de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

El resultado de las visitas de la Comisión, mostró que 66 de los 77 centros a los que acudieron no cumplen de manera satisfactoria con la exigencia constitucional y convencional de separar a las internas sujetas a prisión preventiva de quienes se encuentran cumpliendo una sentencia; no existe una estricta separación entre hombres y mujeres, o bien no se lleva a cabo la clasificación de las internas, debido a que las autoridades no establecen criterios para ubicarlas o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo tal clasificación.

SERVICIOS MÉDICOS INSUFICIENTES

En el informe se detalla que de los 77 penales visitados, 73 registran irregularidades en la prestación de servicios médicos que impiden brindar a las mujeres una adecuada atención en esta materia.

Explica que la mayoría de “los centros de reclusión que alojan población femenil y varonil gira alrededor de estos últimos, carece de instalaciones y personal médico específico para las internas; por ello, cuando lo requieren son atendidas en el servicio médico destinado a los varones”.

Agregó que los penales que cuentan con instalaciones médicas generalmente carecen de personal adscrito, por lo que las internas reciben apoyo de los servicios médicos del área varonil, cuya atención, señala la Comisión, resulta deficiente e inoportuna debido a que son insuficientes, incluso para los internos varones, además de que generalmente el personal médico es de sexo masculino.

“Aunado a lo anterior, la mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren”, detalla el documento.

Incluso en 55 de los centros penitenciarios visitado, no existen programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación.

SIN CAPACITACIÓN A SERVIDORES Y SIN PERSONAL

De acuerdo con la información proporcionada a la CNDH por los responsables de la seguridad, en 27 centros de reclusión ubicados en Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, el personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones destinadas a las mujeres internas es insuficiente.

Esta deficiencia se presenta con mayor gravedad en los establecimientos mixtos, entre los cuales destacan los casos de 16 centros ubicados en Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, en los cuales el número de elementos femeninos encargados de las tareas de seguridad y custodia oscila entre uno y cuatro por turno.

El documento también detalla que en 57 centros ubicados en Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, el personal directivo o de seguridad y custodia entrevistados refirieron “no haber recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura”.

Asimismo, en 34 centros de los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, existen deficiencias respecto de las tareas de supervisión de autoridades superiores o de inspección de parte de los servidores públicos responsables de su administración, lo anterior debido a que no se emite un documento o bitácora para informar sobre el resultado de las visitas.

10 PENALES NO PERMITEN A INTERNAS VIVIR CON SUS HIJOS

EL documento detalla, que de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades responsables de los establecimientos visitados, en 10 centros de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas, lo que “por supuesto vulnera el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia”.

Detalló que pese a que la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen mientras sus madres se encuentran internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada penal, oscila entre los seis meses y los seis años de edad, aunque se observó que en penales de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad, respectivamente.

Además en al menos 53 penales no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares.

FALTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SIN COMUNICACIÓN

Del análisis de la información recabada por la CNDH durante las visitas de supervisión, se desprende que 64 de los 77 centros del país presentan irregularidades relacionadas con la inexistencia o insuficiencia de actividades laborales remuneradas, educativas y deportivas organizadas por las autoridades penitenciarias para las internas, “lo cual se debe a la carencia de instalaciones adecuadas tales como talleres, aulas y áreas deportivas suficientes y debidamente equipadas, así como de personal técnico que se encargue de llevar adelante dichas tareas”.

De acuerdo con el informe de la CNDH en 23 centros ubicados en los estados de Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, existen irregularidades relacionadas con la falta o insuficiencia de aparatos telefónicos para el uso de las internas, restricción de llamadas a números gratuitos o sólo se permite realizarlas por cobrar o en algunos casos hay limitación en la frecuencia de las llamadas al grado de permitir una cada 10 días durante 10 minutos, como sucede en Centro Federal Femenil de Readaptación Social “Noroeste”, en Nayarit.

SIN INSTALACIONES ADECUADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La CNDH constató que en 25 centros de los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, las instalaciones carecen de modificaciones y adaptaciones para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad física.

En el caso de las internas con padecimientos mentales, la CNDH documentó que se encuentran en áreas con malas condiciones y sin personal médico que las vigile, como es el caso de centro de reclusión de Tepepan, en el Distrito Federal, donde la CNDH observó a una interna con padecimientos mentales muy alterada y no estaba presente personal médico ni de enfermería para atenderla. Algunas internas informaron que esto ocurre con frecuencia debido a la falta de medicamentos.

Otro ejemplo que menciona el informe de la CNDH se registró en el centro de reclusión Mazatlán, en Sinaloa, donde los visitadores del organismo observaron que mantienen encerradas a las internas con discapacidad psicosocial, mientras que en el centro de reclusión Duport Ostión, Coatzacoalcos, en Veracruz, tres internas con esa clase de padecimientos permanecen aisladas por ser consideradas “agresivas” y únicamente reciben valoración psiquiátrica cada dos meses.