MVS. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación para que el municipios de Sabinas atienda la serie de peticiones de pobladores de la comunidad de Cloete, en la región carbonífera, quienes denunciaron daños a su patrimonio por las explotaciones que se hacen cerca de sus hogares y hasta debajo de ellas, además de una serie de daños al patrimonio municipal, como calles, parques y afectación a arroyos.
En la recomendación 22/2015 se establece que el pasado 7 de mayo se presentó la queja de los vecinos denunciaron que en la comunidad la actividad minera se realiza de forma descontrolada al provocar daños a sus viviendas, debido a que las excavaciones se realizan a entre dos y cinco metros de sus hogares o por debajo de las construcciones al realizar la explotación, en los llamados pocitos y ahora en cuevas que van formando.
Dichas excavaciones provocaron daños al sistema de drenaje, banquetas y calles, pero además afectando el cauce natural de arroyos y poniendo en riesgo a la población.
Aunado a ello denuncian que dichos trabajos generan gases y polvos que les perjudica su salud y por lo cual pidieron audiencia con las autoridades que encabeza el presidente, Ignacio Lenin Flores para pedir la reglamentación de estos trabajos, que representan un atentado a su salud física y emocional al ver afectado su patrimonio y estar en peligro de accidentes para trabajadores y población en general.
En el documento, los vecinos dicen estar conscientes de vivir en una región donde se explota el carbón mineral que representa la principal actividad económica en el lugar, pero en lo que no están de acuerdo es en aceptar que el pago sea la destrucción.
En sus peticiones a las autoridades municipales exigen que ya no se permitan más pozos o tajos de carbón, se tapen las perforaciones que se han hecho, se muestren los permisos para el uso del subsuelo, los dueños de las concesiones, o de quienes las están explotando y los dueños de los predios conde están extrayendo el carbón.
Aunque funcionarios de la administración municipal y regidores se reunieron con los vecinos, la el ofrecimiento que dieron fue sólo revisar los planteamientos, y tras la intervención del Ombudsman local se hicieron varios compromisos en el mes de julio del año pasado, que para septiembre no se habían cumplido y lo cual motivó la recomendación debido a que se tratan de violaciones a los derechos humanos los actos denunciados por los habitantes, pero además porque se violentó su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al negarles el derecho de petición.
Cabe destacar que desde hace meses los vecinos han realizado varias protestas en la comunidad, porque algunos concesionarios que identifican como funcionarios, entre los que se encuentra el primer regidor Álvaro Jaime Arellano.
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