Experto afirma que los juicios orales en México sí funcionan

Notimex. El secretario técnico del Comité de seguimiento y evaluación del nuevo sistema penal en México, Guillermo Zepeda Lecuona, afirmó que los juicios orales sí funcionan en este país.

Agregó que el pasado mes de marzo se presentó a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) un informe sobre los avances y áreas de oportunidades de los juicios orales en las 13 entidades del país, donde ya están en vigor.

Indicó que en las entidades donde se hizo el estudio, se calcula que 15 mil personas evitaron la experiencia de estar en prisión preventiva y muchos de ellas no tendrán un antecedente penal, en casos que pueden resolverse con una multa.

“Con un antecedente penal va a ser difícil que la persona consiga un trabajo y si estuvo en prisión preventiva es estigmatizado”, señaló el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Añadió que el informe incluye casos de buenas prácticas para los estados de Jalisco, Veracruz y Nayarit, en los que apenas se implementa el nuevo sistema de justicia que para junio de 2016 deberá estar en todo el país.

“Traigamos a Jalisco el área de atención a víctimas de Nuevo León, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, la unidad de medidas cautelares de Morelos, son buenas prácticas que le pegan al 60% del problema”, resaltó.

Manifestó que 1.6 por ciento de las personas que comenten un delito en México son puestas a disposición de un juez.

Comentó que Baja California estaba en el tercer lugar a escala nacional de ocupación penitenciaria, y cuatro años después, tras la implementación de los juicios orales, bajó al lugar 18, “no se cayó a pedazos el estado y gasta 40 por ciento menos en manutención de internos”.

Precisó que en el caso de Jalisco, la Fiscalía destina un millón 400 mil pesos al año en prevención del delito y mil 800 millones de pesos al año en operación del sistema penitenciario, “sin duda 40% de esas personas podrían evitar esa experiencia penal”.

Comparó el sistema de justicia alternativa en Baja California con un banco, “ya que tiene la certificación ISO 9001:2008 y para mantenerla, un denunciante debe ser atendido en 17 minutos”.

“El sistema penal tradicional es como un hospital, en cuya sala de urgencias se atiende por igual a quien se rompió una uña que a quien le va a dar un infarto; el robo de galletas en una tienda lo tratábamos igual que si fuera un criminal de una organización delictiva, y el nuevo sistema penal permite decidir quiénes se van a justicia alternativa”, dijo.

Destacó que en Chihuahua hay un beneficio llamado suspensión de procedimiento a prueba para delitos menores, en el que el acusado repara el daño y si en dos años no vuelve a tener un problema con la justicia, el caso se manda a archivo.

“De las más de tres mil 500 personas que han usado este mecanismo en los últimos dos años, sólo han regresado al sistema de justicia 1.8%; mientras que en Morelos van más allá porque se les apoya para que consigan un trabajo”, subrayó.

Puntualizó que en los estados donde está en vigor el nuevo sistema de justicia penal son menos los casos que llegan a juicio, pero los que llegan son por delitos de alto impacto.