Reformas constitucionales han transformado régimen jurídico: estudio

Notimex. Las recientes reformas constitucionales han transformado el régimen jurídico nacional y la configuración institucional, pero también han otorgado al Senado más funciones de control hacia los otros dos poderes del Estado.

Sin embargo, señala una investigación del Instituto Belisario Domínguez, un ejercicio inadecuado de esas atribuciones abonaría en el descrédito y la falta de legitimidad del órgano legislativo.

El estudio “Designaciones y funciones de control del Senado” destaca que las funciones de control de la Cámara de Senadores se dividen en tres grupos: designaciones, ratificaciones -de funcionarios públicos de alto nivel y tratados internacionales- y rendición de cuentas, mediante las cuales ha adquirido más poder en la esfera pública.

Incluso, agrega, la reforma política de 2014 establece que ese órgano del Congreso se encargará de la ratificación y designación de algunos miembros de gabinete, en caso de que se decida establecer un gobierno de coalición.

Asimismo, designará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a una parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Menciona que el Senado también es el encargado de designar a los titulares de los nuevos institutos y comisiones especializadas que se crearán por la aprobación de la reforma energética.

Del mismo modo, tiene la facultad de ser el órgano supervisor de la rendición de cuentas de los órganos cuyos titulares designa.

Con ello se convierte en la institución que deberá vigilar -mediante la presentación de informes, comparecencias e incluso comités especiales de investigación- el correcto funcionamiento de dichas entidades e incluso tiene la posibilidad, en coordinación con la Cámara de Diputados, de iniciar un juicio político, el último de los mecanismos de control previstos en la Constitución.

De ahí que el Senado se constituye ahora como uno de los actores más importantes en la esfera pública en una variedad de temas y ámbitos.

Empero identifica tres grandes grupos de problemas: el primero de índole político, que son los más visibles porque la discrecionalidad en el ejercicio de las designaciones, la opacidad, incertidumbre y falta de incentivos en su desarrollo tienen graves consecuencias jurídicas y técnicas.

En segundo lugar identifica dificultades jurídicas, donde no hay un análisis exhaustivo por el cumplimiento de plazos, omisiones legislativas y procedimientos sucesivos de reforma.

En el tercer rubro están los problemas técnicos, donde hay una sobrecarga laboral y de funciones de control para los senadores, falta de prospectiva y traslape en el ejercicio regular de esas funciones con respecto a otros procesos legislativos, así como el exceso de información para el ejercicio de las funciones de control.

La investigación señala que un ejercicio inadecuado de esas funciones, ya sea en términos prácticos o de responsabilidad política, abonarían en el descrédito y la falta de legitimidad del Senado de la República en el ejercicio de sus nuevas facultades.

Algunas de las sugerencias que el IBD propone para mejorar las facultades de control del Senado son crear un área de asistencia técnica para designaciones y ratificaciones.

Además elaborar una calendarización de las designaciones, crear bancos de información de perfiles de funcionarios y de instrumentos internacionales, generar protocolos para la publicación de los informes que se presentan en el Senado y reformas para dar viabilidad al juicio político.