Por: Melanie Isahmar Torres Melo.
Por si la represión y el intento de incriminar a estudiantes en actos delictivos no fuera suficiente, el mandatario estatal Rafael Moreno Valle usa drones para espiar a estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, según denunció Carlos Arafat Rosas, uno de los siete jóvenes detenidos por supuestos actos terroristas en las instalaciones del INE, la delegación federal de Economía y el metrobús.
Durante el foro: “Represión a estudiantes de la BUAP” realizado en la Facultad de Derecho Arafat detalló que en su estancia en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tuvo acceso a fotografías en las que se le veía a él y a otros de sus compañeros desde sus casas pero con una visión aérea y no se trataba de google maps; imágenes que fueron integradas a la investigación.
“En las fotos salgo yo abriendo la puerta de mi recámara que da hacia el patio; y no hay ninguna cámara de nosotros ni ajena”, relató Arafat, estudiante de sociología BUAP.
De igual manera, el universitario comentó que un compañero de Derechos Humanos le dijo que la “autoridad” utiliza estos artefactos para espiar y agilizar la detención de los estudiantes, la semana pasada e incluso detalló que dichos drones pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; ante lo que cabe mencionar que a los drones también se les ha visto monitoreando manifestaciones y mitines.
En cuanto al proceso en que fueron detenidos los siete estudiantes coincidieron en que al menos 20 agentes ministeriales entraron a su casa con violencia para detenerlos y las aprehensiones fueron de forma simultánea entre 4 y 4:30 am.
En este sentido, acusaron que en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el gobierno estatal buscó vincularlos con los bombazos del 27 de marzo y 1 de junio a toda costa con preguntas inducidas e incluso trataron de que se culparan entre ellos sin éxito alguno.
De igual manera cuestionaron a los siete estudiantes acerca de si estaban ligados a la organización de comerciantes UPVA “28 de Octubre”, con el periódico La Jornada de Oriente, y con Rocío Pérez Pérez, hija del ex edil detenido de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez a lo que los estudiantes únicamente respondieron que simpatizan con ellos pero de ninguna manera mantienen relación estrecha con ellos.
Finalmente los jóvenes pidieron a la audiencia darle seguimiento a su proceso, pues aunque libres todos ellos aún tienen acusaciones en su contra y aseguran que el gobierno tratará de incriminarlos en un delito que no cometieron; ante lo que temen que estén vigilados y sus teléfonos hayan sido intervenidos.
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