Por: Melanie Isahmar Torres Melo.
La madrugada del viernes 5 de junio fueron detenidos siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por elementos de la la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pues fueron acusados de ser responsables de los ataques ocurridos el pasado 1 de junio en donde se atacó con bombas molotov las instalaciones del INE, RUTA y la Secretaría de Economía en Puebla.
De acuerdo con datos de estudiantes y familiares los detenidos son: Ana Rosa Zili Colorado (Medicina), Dulce Carolina Escalona (Medicina), Carlos Arafat Rosas Villegas (Sociología), Juan Carlos Tepole Ixtacua (Sociología), Axel Jiménez Morillo (Sociología), Shariff Guerrero Contreras (Sociología) y Erick López Cruz (Sociología)
El doctor en Sociología Miguel Ángel Rosas-Bourgess, padre de Carlos Arafat Rosas-Bourgues, informó a los medios de comunicación que los jóvenes se encuentran dentro del Ministerio Público en calidad de presentados y que se les interrogó acerca de si saben elaborar explosivos.
Asimismo, familiares y compañeros de los detenidos expresaron durante el día que los jóvenes permanecían incomunicados y no existía certeza sobre los motivos reales para su detención por parte de las autoridades de la entidad poblana; e inclusive más tarde se dio a conocer que Shariff Guerrero había sido golpeado dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Por su parte, la PGJE emitió un comunicado en el que refirió que derivado de los servicios de inteligencia se pudo obtener indicios de la participación de las personas detenidas por lo que en las próximas 48 horas definirán su situación legal, además de que la dependencia especificó que “con apego a la Ley, por una parte se llevaron a cabo cateos ordenados por la autoridad judicial, y al mismo tiempo, fueron presentadas ante el Ministerio Público.
Ante esta situación, la BUAP brindó apoyo legal a los familiares de los detenidos y pidió al gobernador del estado Rafael Moreno Valle la liberación de sus alumnos y el esclarecimiento de los hechos.
“La Universidad exige que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones en estricto apego a derecho, salvaguardando en todo momento la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros estudiantes”, señaló el comunicado de la BUAP
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