Agencias. El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal del estado para tipificar como delito el contagio intencional del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) u otra enfermedad de transmisión sexual, y determinó penas que van de 6 meses a 5 años de prisión, además de multas de 50 días de salario mínimo vigente.
El pasado 30 de julio el pleno del congreso local aprobó la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, del Partido Verde Ecologista de México. Ahora, el Código Penal especifica que “A quien padezca infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública”
Además, el legislativo intentó imponer sanciones más severas a las personas que cometan el delito de pederastia, pero en la práctica sólo consiguió que muchos casos queden impunes.
El texto dicta que “A la persona mayor de 18 años que, con consentimiento o sin él, introduzca el pene por la vía vaginal, anal u oral, o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefacto u otra parte del cuerpo, aprovechándose de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria, subordinación o superioridad que tiene sobre una niña, niño, adolescente o de persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, derivado de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, se le impondrán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario”. Bajo este marco legal, cualquier mujer podrá sostener relaciones sexuales con menores de edad gozando de una total impunidad, siempre que no le introduzca cualquier “artefacto o parte del cuerpo” por vía anal.
El Grupo Multisectorial del VIH Sida Veracruz consideró que esta legislación resulta un grave retroceso en materia de derechos humanos, al criminalizar la actividad sexual. Además, se aseguró que no ayudará en nada a reducir la vulnerabilidad ante estas enfermedades. En entrevista con el portal web Formato 7, Patricia Ponce, representante de la organización, declaró que no existe ningún indicio de que esta medida ayude a prevenir nuevas infecciones, y lo único que conseguirá es impactar negativamente en la salud pública.
Ponce consideró que las penas van en contra de la política de prevención el auto-cuidado que debería implementar el gobierno, además de que perpetúan los viejos estigmas sobre el enfermo de Sida, que lo dejan ver como una persona perversa y peligrosa.
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