Agencias. La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, solicitó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para que garantice la integridad de los niños y adolescentes que trabajaban en campos agrícolas de estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas.
A raíz de los casos dados a conocer hace unos pocos meses por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sobre niños y adolescentes explotados laboralmente en campos agrícolas ubicados en Guanajuato, los legisladores del tricolor demandaron que a través de SEDESOL, los infantes y adolescentes reciban apoyo económico para obtener su sustento, aportar al gasto familiar y regresar a la escuela.
El diputado Jesús Valdés, secretario de la Comisión de Economía de San Lázaro, también propuso ajustes a la Ley Federal del Trabajo, para eliminar las trabas en la contratación de jóvenes jornaleros agrícolas, a quienes se exige contar con la educación básica completa e incluso más estudios, a fin de acceder a un mejor trabajo.
El congresista dijo que los jóvenes trabajadores del campo deben tener oportunidades de desarrollo en materia laboral y educativa, a fin de mejorar sus capacidades, habilidades y a la vez, contar con el ingreso necesario para sostenerse y aportar a sus familias.
Valdés Palazuelos señaló que la reforma laboral establece que los jóvenes jornaleros agrícolas deben contar con la educación básica completa para poder ser contratados, y ese requisito no es fácil de cumplir por lo que la normatividad no favorece la apertura de más empleos y en consecuencia, la dinámica económica.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indica que el 42 por ciento de los jornaleros de entre 15 y 17 años, no han terminado la primaria y tampoco la secundaria; en tanto que los adolescentes de esa edad, representan el 2.4 por ciento de la Población Económicamente Activa.
El 3.7 por ciento de la población en edad laboral, se ocupa en el sector agropecuario, el 9 por ciento ya están casados o viven con una pareja y el 5 por ciento ya tiene al menos un hijo, enfatizó.
Es necesario impulsar una política social que atienda las necesidades de los jóvenes, para evitar que éstos caigan en vicios y la criminalidad, destacó el congresista.
Manifestó que la Secretaría del Trabajo debería redefinir las actividades del sector rural y agropecuario, a fin de generar mejores condiciones laborales y que ello, también permita al trabajador completar sus estudios básicos y de ser posible, continuar con su instrucción académica.
Dijo que los cambios más recientes a la Ley del Trabajo y que entraron en vigor el pasado mes de junio, establecen que los jornaleros agrícolas sin educación básica no pueden ser contratados, porque dicha actividad laboral está catalogada como “peligrosa o insalubre”.
Quienes se desempeñan en esa rama, tienen más dificultades para completar la educación básica, que los jóvenes que cuentan con el respaldo de sus familias para seguir estudiando, pues han debido buscar un trabajo para poder subsistir, abundó.
Esto agrava la condición de pobreza, precariedad y falta de oportunidades que afecta al campo y sus trabajadores. Si un joven debe trabajar en el campo porque su familia no tiene los recursos suficientes para sobrevivir, será difícil que pueda pagar y destinar tiempo al estudio, remarcó.
“En tanto no se reforme de nuevo la Ley Federal del Trabajo, para dejar a salvo las labores no peligrosas o insalubres que pueden realizar los jornaleros de esas edades, se hace necesaria una estrategia especial focalizada de la SEDESOL, para que a través de programas presupuestarios se provean los apoyos para que los jóvenes tengan medios para continuar estudiando y satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes económicos”, remarcó.
Pidió reconocer que los derechos de los trabajadores del campo no se respetan, aunado a que viven en pobreza extrema por falta de empleo, no cuentan con recursos para producir, aunado a que carecen de servicios de salud y tienen serias complicaciones para culminar la primaria y la secundaria.
Expuso que cada año, más de 3 millones de jornaleros agrícolas buscan trabajo fuera de sus estados y comunidades, porque se ubican en zonas de alta y muy alta marginación.
En el intento de ganar el sustento diario, se trasladan a Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, donde trabajan entre 6 y 8 meses, lo que implica dejar a un lado sus estudios, su familia y sus lugares de origen.
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