Exigen cumplimiento de las recomendaciones del GIEI en caso Ayotzinapa

Redacción. En carta abierta al gobierno mexicano, académicos universitarios de instituciones públicas y privadas demandaron un respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinar de Expertos(as) Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Ayotzinapa: Investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa (Informe).

“El Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”, apuntan.

En el informe del GIEI se advirtió a las víctimas de los hechos y sociedad en general, “las diversas inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación una historia revictimizante, y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe, e investigar a los servidores públicos que obstruyeron la justicia, resaltaron los 87 académicos.

Los académicos mexicanos no sólo demandan el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI contenidas en el Informe; también piden que “se individualice la responsabilidad penal individual de quienes actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Llamaron a la ampliación –por tiempo indefinido–, del Acuerdo de Cooperación del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fortalecimiento de su mandato, y de recursos humanos y materiales indispensables para su labor.

Asimismo pidieron el acceso a toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas, vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, incluida las entrevistas de manera libre y personal con elementos del ejército mexicano, policías federales, agentes ministeriales federales y estatales, así como de acceso a instalaciones militares.

 Los académicos sugirieron la participación de GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen, y su conformidad con la elección de peritos(as) independientes, así como, su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.

Asimismo piden “no criminalizar” las manifestaciones públicas que se derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia.

Los académicos aclaran que suscriben “todos y cada uno de los planteamientos realizados por los familiares de las víctimas de los 43 estudiantes normalistas desaparecidas, de las más de 250 organizaciones de la sociedad civil, del Consejo Ciudadano para la Implementación de los Derechos Humanos, del Sistema Universitario Jesuita, y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Entre los 87 firmantes se encuentran el Mtro. Santiago Corcuera, Académico de Asignatura del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; la Dra. Mónica González Contró, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Dr. Luis González Placencia, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; y el Mtro. Miguel Sarre, Académico Investigador del Instituto Tecnológico Autónoma de México, entre otros.

El mandato del GIEI se amplió por un par de meses, sin embargo, la magnitud del trabajo que realizan, debe considerar un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, el Estado mexicano, a través de todas su autoridades, deben respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala, concluyeron.

(Información de MVS)