VOLUNTAD SOBRE PALABRAS – La Adjudicación Directa, un problema económico

Por: David Noceda.

Contacto: david.noceda@hotmail.com

Desde hace varias décadas, el tema de las licitaciones en las diferentes instituciones del gobierno se ha visto empañada por la corrupción y la famosa “adjudicación directa”. En la mayor parte de las normas o reglamentos se establece que la contratación de empresas a través del procedimiento de adjudicación directa es procedente siempre que un concurso de licitación previo se declare desierto, sin embargo es una realidad muy conocida que los intereses políticos y empresariales prevalecen sobre ley.

De acuerdo a datos de Compranet del 2014, los procedimientos utilizados para la compra y obras públicas fueron en un 55% por adjudicación directa y un 23% por invitación cuando menos a 3 postores, permitiendo la toma de decisiones discrecionales en palabras de Gerardo Lozano.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en múltiples ocasiones que se han detectado subcontrataciones en cien por ciento de lo ordenado por el contratante en lo que se refiere al gasto federal. También se ha comprobado que las contrataciones escasamente acreditan que se garanticen las mejores condiciones al Estado, ya que perseveran los sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, la subcontratación de proveedores y prestadores de servicios que no existen.

Uno de los puntos negativos de la adjudicación directa es que corrompe la estructura de las instituciones al permitir la participación de empresas que se encuentran en situaciones fiscales irregulares u omisas. Un caso poco sonado pero que ha dejado una marca en las finanzas del IMSS ha sido el de la delegación estatal de Tabasco, donde en algunos casos, los servicios o adquisiciones subcontratados no fueron prestados, y en otros se ha presentado el robo de las adquisiciones y su posterior venta en el mercado informal.

La ASF ha perdido peso con la llegada de Peña Nieto, pero tiene la obligación de evidenciar este tipo de mecanismos que ponen en riesgo a las instituciones frente a la falta de transparencia y de operación de las políticas públicas que minimicen la corrupción. Estos últimos días, una variedad extensa de analistas coinciden que la deuda pública ya es un riesgo y que podría llegar al 90% del PIB, puesto que en lo que va del 2015 el incremento ha sido superior al 18%.

Se espera que la deuda crezca hasta un 47% al finalizar el año y lo alarmante es que la cifra sigue en aumento. Las entidades siguen gastando sin reflejar el mínimo sentido de lógica, tanto el DF, Monterrey y Chihuahua se posicionan como los más endeudados, lo que pone en una situación compleja a los mexicanos que tendrán que cubrir estas deudas exageradas.

Otros estados con fines electorales, han buscado alejarse de la deuda pública concesionando las obras a empresas trasnacionales. En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle ha entregado más de 6 obras importantes por adjudicación directa, superando los 800 millones de pesos (sin contar lo pactado con Audi), dejando una estela de cuestionamientos sobre cómo se tomaron estas decisiones.

El panorama es complejo, se requieren mecanismos de auditoría más independientes y con capacidad de sancionar o detener las actividades ilícitas en el gobierno. Todo apunta a que no hacen falta grandes reformas sino estrategias específicas contra la corrupción y la impunidad.