Buscan congregar a 300 ediles auxiliares para exigir regreso de registro civil

Foto: Omar Sánchez Chávez

Por: Omar Sánchez Chávez,.

San Nicolás de los Ranchos, Pue. 40 ediles de la región del Izta-Popo formalizaron el movimiento “Presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos en el Estado de Puebla”, el cual anunciaron hace un par de semanas y que busca congregar de aquí al proceso electoral para la elección de gobernador a cerca de 300 representantes subalternos, con el objetivo de buscar la restitución de las facultades que perdieron con la reforma a la Ley Orgánica Municipal realizada por Congreso del Estado, informó el edil auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan, Eugenio Sandre Popoca.

En entrevista, indicó el movimiento nombrará a delegados o coordinares distritales para realizar una estructura electoral a favor del candidato a gobernador que abrace sus causas. En la que harán firmar ante notario público su compromiso, de lo contrario no recibirá el apoyo de los representantes subalternos congregados.

Además, consideró que ya no es “momento” para que bloqueen carreteras o salgan a realizar marchas como medidas de “presión”, ante el acoso que han sido víctimas por parte del grupo en el poder.

Sandre Popoca contó que se han reunido con los posibles aspirantes del Revolucionario Institucional a la gubernatura, con el exdiputado federal Enrique Doger, con el delegado de Sagarpa, Alberto Jiménez Merino y con la senadora Blanca Alcalá, además con algunos allegados al edil capitalino, Antonio Gali Fayad.

Por otro lado, dijo que él junto a los ediles de Santiago Xalitzintla y San Lucas Atzala, -localidades pertenecientes a San Nicolás de los Ranchos-, ganaron un juicio en el que exigían la restitución de la figura de juez civil que anteriormente tenían siendo ediles auxiliares.

“Somos los únicos tres presidentes auxiliares en todo el estado que somos jueces del registro civil, no se nos retiraron ni nuestros libros ni nuestra facultad, ni nuestros juzgados desaparecieron”, acotó.

Detalló, que lo único que justificaron jurídicamente es que por usos y costumbres los presidentes auxiliares de las comunidades eran jueces por la vía de usos y costumbres.

Asimismo, dicha demanda la pelearon ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH), organismo que les dio la razón y notificó a la Secretaría de Gobernación del Estado, el cual se deslindó dejando la última decisión al cabildo de San Nicolás, el cual aprobó devolverles sus facultades.