Por: Melanie Isahmar Torres Melo.
Seis de los siete estudiantes que habían sido inculpados en los atentados a instancias de gobernación, expresaron que pese a las intimidaciones del gobierno del estado seguirán en la lucha y demostrarán su inocencia en los delitos que se les imputan.
En un foro realizado en la facultad de derecho, Carlos Arafat Rosas expresó su agradecimiento a todas aquellas personas que los han apoyado en su proceso y reiteró que seguirán en la lucha para lograr que se haga justicia.
“Queremos decir que no nos vamos a echar para atrás, asumimos que es necesaria una transformación del país y estamos dispuestos a entregar nuestra vida… no nuestra muerte para lograrlo”, expresó Carlos Arafat como vocero de los siete estudiantes.
En su intervención, la abogada Jocabeth Quiteiro Plata detalló que se sobreseyó el amparo 763/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia e interpusieron un recurso de revisión debido a que no existen pruebas en contra de los jóvenes.
Hizo énfasis en que los jóvenes no cometieron delito alguno y únicamente fueron “los elegidos” por el gobierno del estado para amedrentar los movimientos sociales de los jóvenes, sin embargo aseguró que se demostrará la inocencia de los jóvenes, ya que no tienen prueba alguna que los inculpe.
Es preciso recordar que el pasado 5 de junio Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas y Dulce Parra Escalona fueron detenidos por presuntamente ser autores de los atentados a diferentes instancias de gobernación, teniendo como única prueba una carta anónima.
Al no presentar más pruebas en su contra, los jóvenes fueron liberados al día siguiente, sin embargo los jóvenes no tenían acceso a su averiguación previa, razón por la que corrían el riesgo de ser rehaprendidos.
Ante esto, los padres de los jóvenes promovieron tres amparos que les fueron negados a los estudiantes por no presentarse a “ratificar sus firmas”, táctica que posiblemente sería empleada para que los jóvenes fueran encarcelados, tal como ha ocurrido con otros presos políticos.
Al promover el cuarto amparo, se les fijó a los estudiantes una fianza de 547 mil pesos para que dicho recurso legal pudiera proceder; y tras reunir la cantidad los avances para lograr la absolución de los estudiantes por el delito de daño en propiedad ajena con el agravante de uso de explosivos.
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