Exigen expertos y Sicilia investigación ante proliferación de fosas clandestinas en Morelos

Agencias. El “horror” que se vive en nuestro país “parece interminable y no nos resignamos a ello, expresan expertos e intelectuales en carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, la procuradora Arely Gómez, el gobernador Graco Ramírez y otros funcionarios, al reclamar por la “grave” aparición de fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla, incluso utilizadas por autoridades morelenses.

“El hecho de que la Fiscalía de Morelos posea fosas clandestinas y que en ellas se hayan encontrado 150 cuerpos, no sólo afrenta a la familia Navarrete Hernández que, además de sufrir, a causa de la inseguridad que vive el estado de Morelos, el secuestro y el asesinato de su hijo Oliver Wenceslao, ha tenido que padecer la incapacidad, la negligencia y la ausencia de procedimientos de la Fiscalía en la atención al crimen y al cuidado del cuerpo de Oliver que se encontraba bajo su cuidado”, expresan Javier Sicilia Zardian, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Roberto Villanueva Guzmán, Director de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Silvano Cantú Martínez, reconocido defensor de derechos humanos.

Los defensores llama a “hacer cumplir, tal y como lo mandata la Ley General de Víctimas, el derecho de las familias de desaparecidos –83 personas en el estado de Morelos en los últimos dos años, según diversos reportes de organizaciones civiles, así como las más de 26 mil en todo el país- a realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.

Estas fosas “afrentan y preocupan a la sociedad morelense y a todos los mexicanos de buena voluntad”, advierten al exigir públicamente una Investigación a fondo y a la brevedad, de las irregularidades en torno a esas fosas clandestinas e ilegales y presentar las conclusiones correspondientes.

También reclaman el deslinde de responsabilidades de los involucrados. “Consideramos que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes y presumimos incluso que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad.”

Los defensores cuestionan a los gobiernos de Morelos y al Federal,  “¿Por qué abrir fosas en predios que no cuentan con los servicios básicos establecidos por la legislación en la materia? ¿No existe ya una fosa común en Cuernavaca para la inhumación de cuerpos que no son identificados o reclamados?”

De acuerdo con la familia y los abogados de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, “los cuerpos no tenían documentos de identificación, ni siquiera el número de carpeta de investigación respectiva, ¿Por qué? ¿Qué se quiere ocultar al etiquetar hasta ahora los cuerpos?”

Asimismo piden explicación de  “¿por qué la familia contabilizó 150 cuerpos, mientras que ustedes hablan de 105 y ahora de 103 porque afirman que ya fueron entregados dos cuerpos a sus familiares? ¿Por qué hasta ahora se entregan dos cuerpos de los que ya existían carpetas de investigación?”

Asimismo preguntan “¿por qué el cuerpo de Oliver Wenceslao fue arrojado a una fosa común a pesar de estar plenamente identificado por sus familiares y custodiado por la Fiscalía?”

En este sentido al poner las carpetas de investigación a disposición del público, ello incluye “¿la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o no las víctimas?”

El poeta Javier Sicilia y los expertos cuestiona al gobierno de Morelos. “¿no tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones jurídicas y de salud?”

“¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se hicieron las pruebas correspondientes, entre otras las de ADN?”, cuestionan.

Es imperante, precisan, “la apertura de las carpetas de investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas necesarias para determinar su procedencia”.

Que los ayuntamientos, el de Cuautla en primer término, identifiquen las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley, pues está claro que no existe tal identificación. Las autoridades municipales de Cuautla fueron las últimas en conocer del caso de estas fosas.

El gobierno del estado debe establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas.

Finalmente, Sicilia y los expertos demandan, promover en el Congreso de Morelos “una reforma que dote de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial”.