Agencias. A 24 horas de haberse reunido con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y con autoridades de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR; a dos meses de la presentación de su Informe; y ya con un acuerdo de 10 puntos para continuar su colaboración técnica con el Estado mexicano, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos M. Beristain y Francisco Cox integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insistieron en la necesidad de entrevistar los militares del 27 batallón de infantería (mientras las autoridades han interrogado a 12 soldados en agosto y septiembre).
“La PGR –Procuraduría General de la República– entrevistó a 12 militares. Algunos corresponden a los 26 que nosotros habíamos identificado como necesario entrevistar”, dijo el experto español de atención a víctimas Carlos Beristain. Si seguimos considerando que es necesario entrevistar al 27 batallón, insistiremos”, agregó por su parte el abogado chileno Francisco Cox al apuntar que el GIEI no fue informado del contenido de estas declaraciones.
“Sobre la presentación de militares, la última respuesta del Estado mexicano fue que el cuestionario tendría que ser aplicado por personal de la PGR, estamos esperando en poder leer a profundidad esas declaraciones”, aclaró la abogada colombiana Ángela Buitrago al remarcar que como expertos independientes “somos coadyuvantes de la PGR, la investigación reposa en la institución de la PGR, nosotros lo que hacemos es realizar evaluaciones, sugerencias y solicitudes con base en estándares internacionales”.
Al ser coadyuvantes en la investigación bajo acuerdo expreso con el Estado mexicano, enfatizó Beristaín “tenemos que determinar qué ocurrió y cómo ocurrió y no puede ser que exista al interior del estado una contradicción tan grande de que una fuente de información se nos prive como posible línea tanto para la búsqueda como para la verdad. Si es necesario se nos dará finalmente acceso a eso. Tenemos que determinar qué pasó con los muchachos y esa es una labor tanto de nosotros como expertos como del estado mexicano”, apunto el experto español.
“Consideramos que es muy importante que no se vuelva atrás, si hay nuevas pruebas para evaluar las cosas tendrán que ser tomadas en cuenta pero pedimos que no se vuelva atrás en términos de la definición de cosas que si sabemos que pasaron”, resaltó Beristain al reportar por otra parte que el expediente Ayotzinapa consta en la actualidad de unos 151 tomos, “revisamos hasta 126 para poder realizar el informe, todavía no hemos podido acceder al resto del expediente, la petición ya se hizo a la Subprocuraduría de Derechos Humanos el este 5 de noviembre”, dijo el defensor español. Los próximos días también se entregará un reporte a la PGR con lo que hemos hecho hasta ahora, apuntaron los del GIEI.
“Desde el primer día que llegamos al país hemos hecho avanzar la investigación bajo el interés compartido con las familias, qué fue lo que pasó con sus normalistas”, subrayó por otra parte Carlos Beristaín.
En este sentido, cuestionado sobre una presunta campaña de desprestigio en contra del GIEI, el abogado colombiano Alejandro Valencia recordó que sus labores en México obedecen a una invitación del Estado mexicano, “seguimos invitados por el Estado mexicano y confiamos en que la decisión es del estado mexicano, en la medida en que nos mantenga el apoyo nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones.
Alejandro Valencia apuntó que el GIEI “pretende hacer un trabajo coherente entre las líneas de investigación y las acciones de búsqueda y sobre todo que las acciones de búsqueda respondan a las líneas de investigación; es la investigación que se adelante con la PGR la que puede arrojar nuevas pistas para determinan la suerte de los normalistas desaparecidos”.
El GIEI apuntó que sobre las nuevas acciones de búsqueda, de líneas de investigación y toma de declaraciones ante la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, se ha señalado al estado mexicano la importancia de revisar los hornos crematorios públicos y privados en Guerrero; dijeron que estos “cateos” son “clave en la investigación, debido a que la PGR sólo encontró restos incinerados” en las bolsas relacionadas con el basurero de Cocula; por cierto, el GIEI explicó que a la fecha no se ha entregado un mapa que dé detalles del basurero de Cocula pese a haber sido solicitado desde marzo.
Cabe resaltar que el GIEI no considera que deba realizarse un tercer peritaje sobre “dinámica del fuego” en el basurero de Cocula, como ha planteado la PGR, “pues el estudio fue hecho por el Dr. José torero”.
Sin embargo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, el GIEI pide que “los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”.
Asimismo, respaldaron la realización de una nueva autopsia al normalista Julio César Mondragón.
El grupo reportó que las gestiones para reiniciar los trabajos con el nuevo equipo “han tenido un retraso ajeno a su voluntad, lo que no ha permitido avanzar con la nueva unidad (que tendrá cuatro funcionarios de inmediato pero se han proyectado 36 funcionarios más para la PGR) en el trabajo. Por ejemplo, el director de la normal rural, José Luis Hernández Rivera, fue interrogado por la SEIDO y no por la Subprocuraduría de Derechos Humanos porque esta ultima instancia apenas tomó posesión del caso este cinco de noviembre.
Entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR a partir de los acuerdos entre el GIEI y el Estado mexicano firmados en Washington, resalta la investigación del 5º autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos; la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones; la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros; la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas; la investigación sobre manejo y control información del C-4; la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes; la ampliación de la investigación financiera; la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul; la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.
“Todas estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda”, concluyo el GIEI.
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