Plantean senadores fortalecer políticas contra infecciones de transmisión sexual

Notimex. Los senadores María Elena Barrera y Jorge Aréchiga Ávila presentaron una iniciativa que expide la Ley General de Protección Contra el VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, cuyo objetivo es fortalecer el marco legal, políticas públicas de salud en la materia y estrategias de prevención y atención.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria plantea modificar la denominación del Conasida y Censida a fin de especificar la inclusión explícita de las infecciones de transmisión sexual en las atribuciones de ambas instituciones.

Se plantea reunir en un sólo ordenamiento las funciones del Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA (Conasida) y del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), que actualmente se encuentran dispersas en el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida”.

Asimismo se señalan las características básicas del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, el cual es materia de salubridad general.

Además, se indican los derechos y obligaciones generales de las personas con VIH/Sida, así como del personal de atención en salud y de la población en general, en relación con este padecimiento, abarcando los rubros de garantías fundamentales, información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica e investigación.

La propuesta de nueva ley establece criterios generales para la inclusión social y no discriminación de las personas que viven con VIH/Sida.

En ella se argumenta que México se clasifica como un país con una epidemia de Sida estable y concentrada, es decir, la prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un subgrupo de la población, en mujeres transgénero, con 20 por ciento.

Hombres que tienen sexo con hombres, con una prevalencia de 18 por ciento; hombres trabajadores sexuales, de 18.2 por ciento, y personas usuarias de drogas inyectables, con 5.8 por ciento; mientras que entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es menor a 1.7 por ciento.

“Se observa que en el ámbito legislativo existen oportunidades de mejora, para contribuir a atender los retos de coordinación interinstitucional y la continuidad de estrategias”, puntualiza.