Agencias. Dentro de la apuesta por construir 40 mil bebederos en las escuelas de educación básica del país, el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza informó que a finales de enero de este 2016 se deberá publicar la convocatoria para licitar la instalación de 11 mil bebederos en el presente ciclo escolar, que concluye en julio próximo.
El funcionario de la SEP aseguró que se cuenta con los recursos depositados en un fideicomiso del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) por mil 35 millones de pesos para el ciclo escolar 2015-2016 y de mil 134 millones para el curso 2016-2017, cuya licitación también deberá convocarse este año.
Luego de las protestas en diciembre pasado de agrupaciones protectoras del consumidor para apresurar la instalación de bebederos (dado que menos del 20% de las escuelas tiene bebederos, lo que atrasa la operación de la estrategia nacional para combatir la obesidad infantil, dijeron), Gutiérrez de la Garza enfatizó que la construcción de bebederos es una de las prioridades del programa Escuelas al Cien, que se prevé cuente con recursos por 50 mil millones de pesos hasta el final del sexenio.
Sin embargo, aclaró que la SEP buscará “no usar estos recursos y emplear los que aprobó el Congreso de la Unión para este y el próximo ciclo escolar. Se trata de los fondos del Programa de la Reforma Educativa –que cuenta con 7 mil 500 millones de pesos–, del cual 15 por ciento se deberá destinar a bebederos”.
Finalmente, el director general del Inifed reportó que siguen afinándose las disposiciones es del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, para que exista claridad sobre “qué es lo que se certifica, cuáles son los requisitos que se requieren” e incluso “qué beneficios hay para el plantel que está certificado”.
De acuerdo con el marco normativo vigente, el programa de certificación garantizará que la infraestructura física educativa del país “cumpla con los requisitos de seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia”. Lo cierto es que datos oficiales reconocen que sólo 10 por ciento de los poco más de 150 mil planteles de primaria y secundaria cuentan con dichos niveles.
Gutiérrez de la Garza consideró que el beneficio que puede obtener una escuela que alcanza la certificación de su infraestructura aún es “difuso”, tanto en la operación como en la redacción de la propia Ley Federal de la Infraestructura Educativa Física.
Por ejemplo, para las escuelas particulares es un requisito para obtener la autorización que le permita seguir operando, pero la escuela pública que cumple con requisitos de calidad debe tener un beneficio; eso aún sigue bajo análisis, para que la comunidad de cada plantel educativo solicite certificarse por el beneficio adicional que se obtenga. “Creemos que con este ejercicio vamos a tener muchas más escuelas certificadas, porque la propia comunidad lo va a requerir”, confió el funcionario federal.
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