Aprueban en el Senado reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas

Agencias. Con 61 votos a favor y 19 en contra, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, que fueron enviadas al Ejecutivo federal para su promulgación.

El dictamen, emitido con base en una minuta enviada por la Cámara de Diputados, en octubre de 2015, establece que cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como cambios sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y esos proyectos involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán analizados y, en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Comisión Intersecretarial, abunda el texto, deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.

Añade que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

Durante la discusión del dictamen, el senador priista Manuel Cavazos dijo que las reformas a la ley permiten autorizar durante todo el ejercicio fiscal proyectos de asociaciones público privadas de carácter presupuestario; brinda mayor certeza jurídica a los inversionistas y al Estado mexicano.

También fortalece los procesos de transparencia y rendición de cuentas; establece reglas más claras a los contratos y a su ejecución; plantea que el proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación deberá indicar el monto máximo del gasto programable para los proyectos APP y agregar el listado autorizado por la Comisión Intersecretarial.

Además, dijo Cavazos, en los montos máximos se deben contemplar los compromisos de pago requeridos, tanto por los nuevos proyectos, como por los proyectos anteriores y coadyuva a mejorar la eficacia, eficiencia,  congruencia y calidad del gasto público.