Redacción. Activistas y defensores denuncian que policías estatales intervinieron en abierta vulneración de la suspensión de un Juzgado Federal que impide las obras del proyecto de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan sobre territorio de San Francisco Xochicuautla.
Las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) expresaron su condena por “las acciones de represión y desalojo llevadas a cabo en contra de pobladores de la comunidad de San Francisco de Xochicuautla, en el Estado de México”.
El Frente señala las 10 de la mañana de este lunes 11 de abril, unos 300 elementos de la policía del Estado de México sitiaron a la comunidad para la entrada de máquinas de construcción, con las cuales se destruyó una casa y un campamento de protección al bosque que fue instaurado en junio de 2015.
Varias personas recibieron agresiones en su intento por impedir el desalojo. Una activista “fue agredida y despojada del botón de pánico otorgado por el Mecanismo”. Además, los elementos policiales desalojaron la casa del doctor Armando García, delegado de la comunidad.
Las organizaciones que integran el FLEPS denunciaron su preocupación por la seguridad de la comunidad. De acuerdo a información recibida, aproximadamente a las 17 horas, un nuevo grupo de policías ingresó a la comunidad.
El FLEPS considera que el que éste tipo de acciones contra la comunidad sucedan ante la existencia de dos suspensiones de amparo conforma no solo un acto de uso desproporcionado de la fuerza sino una clara afrenta a la legalidad. La última suspensión fue otorgada por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federal del Estado de México, el mes pasado, asimismo, existen medidas precautorias otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La comunidad de San Francisco Xochicuautla ha realizado actos de protesta pacífica desde hace 5 años en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la cual atravesaría parte considerable del territorio de la comunidad y que afectaría de manera irreversible a la comunidad, al bosque otomí y sus pobladores, pues generaría una afectación a sus cultivos de subsistencia, el corte de venas de agua, y la imposibilidad de acudir al bosque como elemento necesario para la reproducción social y cultural de la zona.
“La comunidad de Xochicuautla ha sido víctima de agresiones, abusos y hostigamiento por parte de las autoridades estatales en el pasado”, agrega el Frente..
“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada “Ley Eruviel”, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública.
Ante ello, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social pide a las autoridades del Estado de México a cesar los actos de “represión” llevados a cabo en contra de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
También demanda a las autoridades estatales, federales y municipales, que acaten la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que tanto la policía, como la maquinaria de las empresas, se retiren de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla.
Asimismo, piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a que investiguen diligentemente las agresiones sucedidas el día de hoy en contra de habitantes de la Comunidad, y que garanticen que los daños a la comunidad y a sus habitantes, sean reparados adecuadamente.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está integrado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. y Resonar.
(Con información de MVS).
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