Niega director del Sosapac cuestión política por demanda contra Coronango

Por: Omar Sánchez

Foto: Omar Sánchez

Cuautlancingo, Pue. La demanda por robo contra el Ayuntamiento de Coronango, no es un tema político sino una situación de carácter técnico, para la dotación del servicio de agua potable a 5 mil personas de ambos municipios, reveló, el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (Sosapac), Fidel Romero Palacios.

En entrevista, refirió que su equipo en ningún momento invadió jurisdicción de Coronango, como afirmó la alcaldesa priista, Hermelinda Macoto Chapuli, ya que la calle de Las Flores se ubica exactamente en la franja limítrofe entre ambas jurisdicciones, además que los trabajos que realizaban consistían para ampliar y mejorar el servicio de agua potable para la población ahí asentada.

En ese tenor, recalcó que el Sosapac por ende no cometió ningún delito y si calificó como tal el desposo de sus maquinarias y herramientas por parte de la policía municipal de Coronango -efectuado el pasado 15 de marzo-, la cual no presentó una orden judicial, de ahí que decidieran demandar al gobierno vecino.

“El sistema operador no interfiere en política, por lo que no estoy de acuerdo en que se politice el servicio del agua potable y drenaje, invito a la presidenta municipal, Hermelinda Macoto Chapuli, a que se informe más”, acotó.

Además, Romero Palacios dijo que el organismo que encabeza continuará con la demanda que presentó misma que quedó bajo el número AP 929/2016/SACHO, al mismo tiempo, buscará la intervención de la Comisión Estatal del Agua de Puebla para que sea la mediadora entre el Sosapac y Coronango, a fin de evitar un conflicto mayor.

Foto: Omar Sánchez

Finalmente, sostuvo que si participó en la reunión –realizada el 16 de marzo- entre funcionarios de Coronango en la que estuvo presente un representante del gobierno del Estado, Humberto Baltazar, en la que acordaron que se devolvía la maquinaria al Sosapac la cual consistía en una retroexcavadora, cortadora, compactadora y herramientas de trabajo del organismo, monto que asciende a unos 800 mil pesos; pero dicho documento de acuerdos nunca le fue entregado para su posterior firma.