Proponen en Jalisco políticas que erradiquen violencia contra mujeres

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Notimex. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, propuso la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.

El ombudsman recordó la queja en la que se relata cómo una mujer fue agredida física, psicológica y sexualmente, y no fue atendida debidamente por el ayuntamiento de Tequila ni por la Fiscalía Regional de Jalisco.

Dijo que la queja fue contra el personal de la Agencia del Ministerio Público y de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio porque no salvaguardaron su integridad, ni otorgaron medidas a su favor como víctima de violencia por parte de su esposo.

“El presente es un caso emblemático de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la justicia. Tanto la actuación del personal de la agencia del Ministerio Público, como de la Comisaría de Tequila, generaron un clima de violencia institucional”, subrayó.

Añadió que el caso dejó en evidencia “el imaginario social que parte de estereotipos para tolerar la violencia contra las mujeres”.

Del análisis de las constancias, manifestó, la Comisión acredita las violaciones de los derechos humanos a la legalidad y a la igualdad por indebido cumplimiento de la función pública y falta de perspectiva de género en la procuración de justicia.

Indicó además que se propone a la Fiscalía de Derechos Humanos, al Instituto Jalisciense de las Mujeres, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Procuraduría Socia y, al Consejo de la Judicatura.

Al Congreso del estado y a los presidentes municipales de Jalisco, acciones para corregir causas que propicien violaciones y, particularmente, para ejecutar actos que garanticen el acceso a la justicia con perspectiva de género, en aquellos casos que involucren a mujeres víctimas de violencia.

El presidente de la CEDHJ resaltó que, entre las políticas públicas, están la gestión y fortalecimiento de suficientes refugios, agencias especializadas del Ministerio Publico y servicios periciales en todo el estado.

También, revisar protocolos y manuales existentes para actualizarlos desde una perspectiva de género; diseñar, implementar e institucionalizar programas de capacitación permanentes sobre el tema a ministerios públicos, policías, servidores públicos y profesionales de medicina forense.