El Gobierno de Veracruz, en México, acusado de desviar 35 millones de dólares a empresas fantasma

Redacción. Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Veracruz, en México, presuntamente firmó contratos con empresas fantasma por servicios que nunca prestaron. Altos funcionarios estatales habrían organizado al menos 73 licitaciones amañadas con un grupo de 21 empresas, la mayoría auspiciadas por las secretarías de Desarrollo Social, Sedesol y de Educación. El Gobierno de Veracruz supuestamente repartió así 35 millones de dólares, de acuerdo a una investigación del portal mexicano animalpolitico.com.

Las 21 empresas, explica la nota, tienen diversos elementos en común: se fundaron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un contrato “o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí”. Además, una docena se dieron de alta ante el Gobierno estatal con las mismas dos direcciones de correo electrónico y las sedes de 11 están en un barrio popular del Puerto de Veracruz. “En todos los casos”, sigue el texto, “las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios”.

Los funcionarios del Gobierno implicados dieron los contratos a dedo u organizaron “licitaciones simplificadas”, concursos cerrados a tres firmas invitadas por la administración.

De acuerdo a los contratos, las empresas debían proveer de útiles escolares, mantas, comida o material de construcción a personas pobres o víctimas de desastres naturales. El texto de la investigación asegura que nadie recibió nunca nada.

Hace unos meses, la Auditoria Superior de la Federación ya detectó en su informe anual irregularidades en el manejo de fondos federales por parte del Gobierno de Veracruz, en manos de Javier Duarte, del PRI. De 2011 a 2014, los auditores señalaban malos manejos del Gobierno estatal en 1900 millones de dólares provenientes del presupuesto federal.

La investigación implica principalmente a cuatro altos funcionarios del Gobierno de Veracruz. Uno, por ejemplo, es Vicente Benítez González, subsecretario de Desarrollo Social en 2013. En ese año, la Sedesol local firmó 45 contratos con empresas de la red por un valor de trece millones de dólares. Las mismas empresas competían, a veces ganaban y a veces perdían.

Benítez saltó a la prensa nacional en 2012, cuando era tesorero de la secretaría de Finanzas del estado, cargo que el propio gobernador, Javier Duarte, había ocupado en el mandato de su antecesor, Fidel Herrera. En enero de 2012, la policía detenía a dos funcionarios de Finanzas con 1.350.000 dólares en una maleta, en un aeropuerto en México. Benítez salió de la tesosería, pero Duarte lo colocó poco después en la Sedesol.

Otro caso es el del diputado federal Tarek Abdalá, sucesor de Benítez en la tesorería, investigado por la fiscalía federal por desviar presuntamente más de 100 millones de dólares en los meses que estuvo al frente de la oficina. Abdalá estuvo al frente del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. La entidad organizaba concursos cerrados, a los que invitaba a tres empresas de la red. La ganadora debía comprar y repartir pañales, juguetes, mochilas o útiles de limpieza. De nuevo, nada de eso se hizo.

Este nuevo escándalo trasciende a dos semanas de las elecciones a Gobernador en Veracruz. Los candidatos de la alianza PAN-PRD –derecha e izquierda– y Morena –izquierda–, Miguel Ángel Yunes y Cuitlahuac García, aspiran a sacar al PRI del poder, en un estado que desconoce la alternancia política. La guerra sucia ha dominado la campaña, entre acusaciones de desfalco, robo e incluso pederastia.

(Con información de El País)