‘Sin prensa, no hay democracia’, alerta la organización Artículo 19

Foto: Melanie Isahmar Torres

Redacción. La libertad de expresión es un pilar de la democracia de un país. En México, “las violaciones graves a derechos humanos no existen si no se hablan y las voces de inconformidad pueden ser silenciadas sin que exista consecuencia alguna”, apunta la representación en México de Artículo 19, este 3 de mayo, el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

Artículo 19 exige a las autoridades encargadas de la procuración de justicia investiguen en los casos de violaciones a la libertad de expresión de manera proactiva, cuando se los permita el marco normativo; ante la crisis de derechos humanos, la sociedad es testigo de la reducción de espacios independientes, apunta el organismo defensor de la libertad de expresión en el mundo.

“El disenso se vuelve incómodo para el gobierno, pero es indispensable para construir una sociedad informada y crítica”, considera.

México está inmerso en un panorama adverso para la labor periodística: Artículo 19 ha documentado 93 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, los últimos 20 homicidios durante el actual gobierno.

Los periodistas de regiones con el mayor índice de agresiones, “han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad”.

“El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones”.

Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz, detalla Artículo 19.

El deterioro de la libertad de prensa es una realidad. De enero a marzo de 2016, se documentaron 69 agresiones contra la prensa, incluidos los asesinatos de 3 periodistas: Marco Hernández Bautista, el 21 de enero, en Oaxaca; Anabel Flores Salazar, el 8 de febrero, en Veracruz; y Moisés Dagdug Lutzow, el 20 de febrero, en Tabasco.

Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9.

En 2015, estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa.

En 33 de los casos se señalaron a funcionarios como los agresores. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o fuerzas federales. Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas.

Artículo 19 documentó en este periodo 15 amenazas, 1 ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales de la libertad y 5 casos de violencia institucional.

Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las agencias de información, con 9; la televisión, con 7; y la radio, con 6. Asimismo, se registraron 6 agresiones contra periodistas independientes o freelance.

Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y 6 a medios de comunicación o colectivos.

La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); sin embargo, ha eludido su responsabilidad de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.

Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.

“Este argumento desdibuja la especialidad de la FEADLE y debilita su función en las investigaciones”, reclama Artículo 19.

Durante el primer trimestre del año, 15 agresiones ocurrieron en la red: 6 amenazas por medio de redes sociales, 8 casos de hostigamiento y acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un medio de comunicación.

Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la retención de metadatos y datos personales. No importa si se ponen o no en práctica, basta con que existan estas herramientas para que se inhiba el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Por otro lado, el esfuerzo de las autoridades por investigar estos casos, en su mayoría, resulta infructuoso. Descartan los hechos o les dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados, cuando muchas veces estas agresiones encuadran en tipos penales vigentes.

La metodología de análisis de riesgo del Mecanismo de Protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), suele determinar en estos casos que existe un nivel bajo de riesgo, dado que no se tratan de mensajes directos de amenaza, o no es visible una estructura para cometer la agresión. Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.

Artículo 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas de las cuales, al menos 7 se dieron con componente de género. En estos casos existen características que, de manera muy particular, tienen efectos diferentes en  su vida personal, psicosocial y profesional.

Año con año, el número de agresiones contra la prensa aumenta. En 2015 Artículo 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado 1,142 agresiones. El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país.

“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. Permite que la impunidad prevalezca, promoviendo que este tipo de actos se repitan”.

Finalmente, Artículo 19 da la bienvenida en este 2016 a La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y la lucha contra el extremismo violento por cuatro expertos internacionales establecidos por la ONU, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dado a conocer durante la celebración de la Unesco de “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

La declaración conjunta plantea serias preocupaciones sobre el impacto potencialmente negativo sobre el disfrute de los derechos humanos de las iniciativas para contrarrestar o prevenir el extremismo violento y proporciona serie de recomendaciones para prevenir violaciones.

“Artículo 19 comparte las preocupaciones expresadas por los cuatro mandatos especiales que, si bien empaquetado como medidas positivas, muchas iniciativas corren el riesgo de tener un impacto negativo en los derechos humanos, particularmente el derecho a la libertad de expresión, así como la libertad de religión o de creencias , de asociación, el derecho a la privacidad, y la igualdad y la no discriminación “, dijo Thomas Hughes, Directora Ejecutiva de Artículo 19.

“La falta de una definición acordada de extremismo violento abre la puerta a los abusos de derechos humanos. Sabemos que muchos gobiernos se dirigen a periodistas, blogueros, disidentes políticos, activistas y defensores de los derechos humanos mediante su etiquetado como ‘extremistas’ o ‘terroristas’. La declaración conjunta basa en la experiencia de diferentes expertos internacionales y regionales para desafiar a violaciones de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el extremismo violento”, finalizó Hughes.

(Con nformación de MVS)