Aún lejana una verdadera impartición de justicia en el país: México Evalúa

Written by Redacción. Posted in Minuto a Minuto, Nacional

Published on junio 22, 2016 with No Comments

Ana Laura MagaloniAgencias. Tras evaluar siete indicadores sobre la calidad de la justicia penal en México como “confianza ciudadana en las instituciones de justicia, tasa de homicidios, niveles de denuncia, trato satisfactorio a víctimas al momento de denunciar un delito ante el ministerio público, presunción de inocencia, proceso penal justo y cárcel digna y segura”, pendientes y avances advierten que aún falta “para decir que se imparte justicia en México”, consideró la investigadora de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni.

“Es un dato preocupante que la confianza ciudadana esté, en promedio nacional, en menos de 6.9” agregó Magaloni, al destacar que “lo primero que tiene que hacer la reforma al sistema de justicia penal es reconquistar la confianza ciudadana; confiar en la autoridad es básico para restablecer los vínculos fracturados”.

“Justicia a la Medida: siete indicadores sobre la calidad de la justicia penal en México”, informe  elaborado por México Evalúa, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de Inegi y los diagnósticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se concentra en la experiencia del ciudadano promedio en México.

Se analiza “lo que la víctima o el inculpado viven. El sistema de justicia penal ha sido, hasta ahora, una casa de los sustos, da miedo entrar, da miedo acercarse a él, nos da miedo a víctimas y nos da miedo a acusados, no sabemos qué va a pasar adentro y en el caso de México no se sabe si uno va a salir”, expresó Layda Negrete, coordinadora del programa de calidad de justicia de México Evalúa.

En el reporte se advierte que en México, Guerrero es el estado más preocupante, pues reporta elevadas tasas de homicidio en forma sistemática. La violencia en la entidad es constante de 1990 a 2014.

La mayor tasa de homicidios registrada en un solo año (entre 1990 a 2014) corresponde a Chihuahua en 2010 con 182.1 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes.

También se midió la confianza promedio que tienen los ciudadanos de las instituciones de seguridad y justicia en los estados (policía estatal, policía ministerial o judicial, Ministerio Público y jueces) entre 2011 y 2015.

A nivel nacional la mayoría de las personas desconfían del sistema de justicia penal (-6.9).

Los estados con el menor nivel de confianza son el Distrito Federal (-27.3), el Estado de México (-19.6) y Morelos (-14.7); Chihuahua y Nuevo León mostraron avances en sus índices de confianza ciudadana.

A nivel nacional, entre 2010 y 2014 se denunciaron en promedio 19.1 delitos de cada 100 ocurridos (en Estados Unidos, Francia o Canadá se denuncian alrededor del 50% de los delitos). Guerrero, es la última entidad en número de denuncias ciudadanas; “tres veces menos denuncia en Guerrero (11.4 por ciento) que en Baja California, estado con el mayor índice de denuncias (29.7 por ciento).

A nivel nacional el 50.5 por ciento de más víctimas que realizaron una denuncia entre 2012 y 2014 sintieron que el trato que recibieron fue “satisfactorio” (bueno o excelente).

En el Estado de México sólo el 37.2 por ciento de las víctimas reportaron haber recibido un trato bueno o excelente.

En otro de los indicadores evaluados, “cárcel digna y justa”, se recordó lo que ha advertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que al medir la calidad de las cárceles en el país a nivel nacional promedió un 6.21 (en una escala del cero al 10).

Los estados con la peor evaluación son Nayarit (4.29), Quintana Roo (4.49) y Tabasco (5.12); los mejores evaluados son Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala.

Ante la falta de información sobre dos indicadores: presunción de inocencia y proceso penal justo, “México Evalúa” sugiere “utilizar” la canasta de indicadores diseñada por la Red Regional de Justicia Previa al Juicio en América Latina y la encuesta nacional a población en reclusión planteada en la Ley Nacional de Ejecución.

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