Avalan diputados paquete de leyes en materia penal, las enviará al Ejecutivo

Agencias. En la Cámara de Diputados, avalaron el paquete de dictámenes de la Comisión de Justicia, referentes a la emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el decreto que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Al fundamentar dichos proyectos, el presidente de la Comisión dictaminadora y diputado del PRI, Álvaro Ibarra, manifestó que esas normas permitirán implementar de manera integral y en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, lo que debe ocurrir el próximo 18 de junio.

En una primera votación, los congresistas aprobaron por unanimidad de 449 votos en lo general, el dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece las condiciones y disposiciones aplicables en los centros penitenciarios del país.

Un par de horas después, avalaron con votación general de 460 a favor, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo elemento central es el establecimiento de tres parámetros de edad, para dar tratamiento particular a los niños y adolescentes que incurran en algún delito, lo anterior, a fin de propiciar su reinserción social.

En esos términos, los niños de 12 a 14 años que sean señalados por la comisión de delitos, serán sujetos a un proceso distinto que los menores de entre 14 y 16 años, y quienes tienen 16 años y menos de 18 años.

Los congresistas también aprobaron cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que entre otros aspectos, regulará la figura de los agentes infiltrados en las organizaciones delictivas, contempla penas más severas para delitos como el secuestro y establece nuevos tipos penales.

Lo anterior, para dar categoría de delincuencia organizada a conductas como la falsificación de monedas y billetes, el robo de hidrocarburos, el narcomenudeo y el contrabando.

En el debate sobre la Ley contra la Delincuencia Organizada, el secretario de la Comisión de Justicia de San Lázaro y diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Santana, detalló que la reforma busca hacer más eficiente la investigación de ese tipo de delitos, a través del fortalecimiento a las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica, los agentes infiltrados y los usuarios “simulados” y la recolección de información en sitios públicos, para lo cual se requerirá la orden de un juez; aunado a que se “armonizará” la intervención de comunicaciones privadas.

Por su parte, el diputado Ibarra Hinojosa, destacó que en el nuevo sistema de justicia tendrá como prioridad el respeto a los derechos humanos, la garantía del debido proceso y la atención a las víctimas, y para cumplir tal propósito era necesario adecuar y emitir los ordenamientos en cuestión.

Agregó que en el tema de delincuencia organizada, los nuevos delitos a perseguir serán el desvío de precursores químicos para el cultivo, el contrabando de bienes en la modalidad de importación y exportación ilegal.

Asimismo, se ajustarán los parámetros en materia de intervención de comunicaciones, se echará mano de informantes anónimos y se regulará la colaboración con las autoridades, por parte de integrantes de la delincuencia organizada.

Respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, recalcó que al armonizar la norma al nuevo sistema de justicia penal, se adecuarán las condiciones en que operan los centros penitenciarios, observando en todo momento los derechos humanos. Se define el tipo de actuación que tendrán los “jueces de control”, como garantizar que la privación de la libertad de procesados y sentenciados, se apliquen sin abusos ni privilegios.

Sobre la Ley de Justicia para Adolescentes, destacó que contempla vías alternativas para sancionar al menor infractor, ello, con el fin de velar por el interés superior de la niñez y evitar que los acusados vayan a prisión, aplicando medidas como sesiones de asesoramiento colectivo, supervisión familiar y libertad asistida, entre otras.

Asimismo, su objetivo será garantizar los derechos de los niños y adolescentes que hayan cometido algún delito; aunado a que establece que la sanción de prisión no será mayor a 5 años.