EFE. Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en el sureño estado de Guerrero confían en que el mecanismo especial de seguimiento al caso sea concretado en breve, después del retraso que ha registrado por la crisis financiera que atraviesa la CIDH.
En declaraciones a Efe, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, consideró hoy “zanjadas” las diferencias que había entre el Gobierno y los padres sobre cómo estará integrado el mecanismo, cuál será su mandato y por cuánto tiempo.
“Ya hay un acuerdo a ese respecto, solo esperamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda resolver en consecuencia”, apuntó el letrado tras señalar que el organismo “se ha estado tardando un poco por el tema financiero por el que atraviesa”.
Sin embargo, señaló que ya está “próximo a concretarse”, probablemente la próxima semana, tras lo cual será necesaria una reunión entre los padres de los 43 y la Cancillería mexicana para “para definir cuándo empieza a operar”.
El mecanismo tendrá un mandato de un año, durante el cual realizará visitas periódicas al país, indicó Rosales.
Su objetivo será el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en este caso y la atención a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (PGR).
Sobre la reunión celebrada el martes con la fiscal, Arely Gómez, dijo que “se nota voluntad (…) de avanzar en esta etapa de investigación” en torno a las líneas sugeridas por el GIEI, como la del quinto camión o la de la policía del municipio de Huitzuco, y “de prescindir un poco de esta tesis inicial del basurero de Cocula”.
Según la versión oficial de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
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