Notimex. El gobierno de Guerrero expresó su disposición sin inconvenientes a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) audite la nómina de su homóloga en el estado.
En conferencia de prensa el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo no tener “ningún inconveniente que se hagan las auditorías y que las auditorías arrojen los resultados que tengan que arrojar”.
“En lo particular tenemos siete meses de gobernador y lo que menos he hecho y lo que menos haré es meterle la mano indebidamente a ninguna nómina, sea de educación o sea a cualquiera y yo creo que si aquí salen resultados de que hay gente que no trabaja nos van a ayudar mucho para detectarlos”, precisó.
Sobre las manifestaciones de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) agregó que no se resuelve nada dañando el Palacio de Gobierno ni el Congreso de estado, y todos se tienen que poner de acuerdo para encontrar la pacificación.
Apuntó que el gobierno estatal evitará, como lo ha hecho hasta hora, caer en provocaciones, por lo que ha instruido a los policías estatales a que si reciben una agresión no contesten.
En otro asunto abordó el caso de los dos jóvenes guerrerenses que murieron en el atentado en un bar en Orlando, Florida, y dijo que la determinación de los padres de Luis Sergio Vielma Astudillo es que su cuerpo será traído al estado para ser sepultado en el municipio Coyuca de Catalán.
En el caso de los restos del joven Miguel Ángel Honorato, oriundo del municipio Ixcateopan, de la región norte del estado, la familia decidió sepultarlo en Orlando, Florida.
En el caso del niño acapulqueño “Miguelito” y su familia que fueron a un viaje a la Patagonia, Argentina, donde se accidentó y se encuentra hospitalizado desde hace varios días, comentó que el gobierno de Guerrero apoyó con recursos económicos y se comunicó con la madre del menor vía mensaje para brindarles todo el apoyo.
En la conferencia de prensa el gobernador informó además que fueron liberadas 14 personas que habían sido detenidas por policías comunitarios de la CRAC y llevadas a una casa de justicia en Malinaltepec.
Los comunitarios fueron desarmados y se firmó un acta para la liberación de las 14 personas que habitan en la comunidad San Jerónimo Palantla, en Chilapa.
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