Agencias. Emite Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendación a autoridades y legisladores capitalinos tras acreditar el deceso de forma violenta de 14 personas que se encontraban en centros de reclusión de la Ciudad de México.
Los hechos no sólo implicaron la vulneración a su derecho a la vida, también se documentaron violaciones al acceso y recepción de información por la falta de notificación de las autoridades del reclusorio a los familiares de las personas fallecidas; y también, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La presidenta de la CDHDF Perla Gómez Gallardo, emitió las Recomendaciones 4/2016 y 5/2016 a la Secretaría de Gobierno en su calidad de autoridad responsable, y a la Asamblea Legislativa en su calidad de autoridad colaboradora.
La Recomendación 4/2016 es el resultado de la investigación realizada en 12 expedientes de queja, de los cuales 8 se iniciaron de oficio por parte de la CDHDF.
“Resulta preocupante que se sigue presentando el mismo esquema de violación del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, lo que significa que no se han implementado mecanismos eficaces para la no repetición de los hechos”, apuntó la doctora Gómez Gallardo.
En todos los expedientes investigados “se identificó un patrón que tiene que ver con la falta de seguridad en diversas áreas de los centros de reclusión, vinculada con la falta de personal técnico capacitado y con la carencia de mecanismos tecnológicos, lo que tiene como consecuencia que el Sistema Penitenciario en la Ciudad de México no pueda garantizar la seguridad”, advierte la titular de la CDHDF.
Incluso, agrega, esto se pone en evidencia a través del hallazgo de objetos como “navajas 007, navajas de muelle, soleras, pedazos de metal con punta, e incluso un arma de fuego, los cuales fueron los instrumentos con los que se privó de la vida a las personas agraviadas”.
Además, es “insuficiente” el equipo tecnológico con el que cuenta el Sistema Penitenciario como son arcos detectores de metales, escáneres y circuitos cerrados de cámaras; así se observa “en los casos de muertes violentas, agresiones físicas entre personas privadas de libertad, así como el uso indebido de la fuerza de servidores públicos hacia ellas”, detalla Gómez Gallardo.
Estos casos de muertes violentas obligan a fortalecer los sistemas de seguridad y de aumentar las plazas de personal asignado a la vigilancia y seguridad, pues de manera constante se identificó su ausencia o lejanía de los lugares donde ocurrieron los hechos en los cuales las víctimas perdieron la vida.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha hecho patente su preocupación por la violencia que se vive en los centros de reclusión, sobre todo la que deriva de la omisión de las autoridades para garantizar condiciones de vida digna.
Así se pide a la Secretaría de Gobierno capitalino reparar el daño causado de manera integral, por la violación a los derechos humanos de las personas que perdieron la vida de manera violenta.
Establecer un sistema para el registro de incidentes violentos ya sea entre personas privadas de la libertad o con personal de seguridad y los fallecimientos que se presenten en un contexto de violencia.
También se deberá, entre otras medidas, elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades en cuanto a los esquemas de seguridad y de los espacios disponibles para abatir el hacinamiento y atender las necesidades específicas de la población en situación de vulnerabilidad.
A la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se reitera la necesidad de destinar presupuesto emergente dirigido a mejorar la infraestructura de los centros de reclusión, los mecanismos de seguridad interna y externa, así como a las acciones de capacitación.
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