Urge CNDH a acciones regionales ante la migración

Agencias. En el año 2014, se registraron 127 mil 149 casos de extranjeros presentados ante la autoridad del Instituto Nacional de Migración (INM), de los cuales 23 mil 096, eran niñas, niños y adolescentes; y el año pasado fueron 190 mil 366 casos de extranjeros, de los cuales 35 mil 704 eran niñas, niños y adolescentes, destacó el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, desde el Seminario Internacional “Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos, Protección de los  Derechos de los Migrantes”.

Durante el presente año, de enero a junio se reportaron 86 mil 104 eventos de personas extranjeras presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), siendo un total de 16 mil 640 los eventos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 8 mil 54 se encuentran en calidad de no acompañados, lo que significa que para todo el año 2016 la tendencia de detenciones se mantendrá similar al año anterior, precisó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

“La situación actual que vive la niñez en contexto de migración internacional que transita por México constituye una preocupación para la CNDH, ya que si bien existe un considerable andamiaje jurídico con el objeto de asegurar su protección integral, el mismo no es aplicado a cabalidad”, destacó González Pérez ante el subsecretario Roberto Rafael Campa, el ministro Eduardo Medina Mora; y otras personalidades reunidas en el Centro Médico Siglo XXI.

La niñez en contexto de migración internacional “no permanezca en un recinto migratorio, puesto que no son las instalaciones adecuadas para su atención integral, además de que no cuentan con el personal debidamente especializado para su cuidado”, dijo el defensor humanitario.

De las visitas de trabajo que la CNDH realiza a las estaciones migratorias en el país, se ha podido documentar el incumplimiento de la normatividad antes señalada, por lo cual de enero de 2015 a agosto de 2016, la CNDHRÍO emitió 33 medidas cautelares solicitando que las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración internacional no acompañados fueran remitidos de manera inmediata a un albergue.

Sobre los mexicanos que han emigrado y los que han sido deportados desde Estados Unidos de América, González Pérez dijo que en el país del norte viven aproximadamente más de 11.6 millones de mexicanos nacidos en México, de los cuales aproximadamente 6 millones de connacionales viven de forma irregular en dicho país.

“Para valorar la importancia económica que representan esos millones de mexicanos que se encuentran trabajando en la nación vecina debemos recordar que hoy en día se han incrementado las remesas frente a los ingresos por la venta del petróleo. También debemos recordar que estos 11.6 millones de mexicanos representan un total de 36 millones de personas de origen mexicano contando a sus familias”, subrayó.

Aunque la CNDH ha iniciado acciones conjuntas con instancias públicas y organismos privados, desde la UNAM hasta la Fundación Slim, en el tema de las deportaciones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos de América, en el año 2013 fueron deportados 301 mil 044; en el año 2014 fueron 218 mil 339, para el año 2015 llegaron a 185 mil 951 eventos y a junio de este año van 112 mil 105, de los cuales 6 mil 146 son niñas, niños y adolescentes.

El estado de la República con el mayor número de deportados en los tres últimos años es Michoacán. La entidad federativa que recibió al mayor número de connacionales repatriados en el año 2014 fue Tamaulipas, con 77 mil 859, aun cuando para para el 2015 bajaron a 56 mil 152 casos.

“Estas cifras implican una disminución en la tendencia de repatriaciones, contrastando con el aumento de aseguramientos por parte de la autoridad mexicana de una mayoría de centroamericanos”, apuntó la CNDH.

En nuestro continente, la violencia y pobreza en los países de Centroamérica, especialmente los que conforman el Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), han provocado una ola creciente de personas con la necesidad de desplazarse, ya sea de manera interna o bien hacia otros países, incluso para solicitar asilo y de esta manera preservar su integridad física y, en algunos casos, hasta su vida, subrayó el Ombudsman nacional.

En el año 2015 se recibieron 3 mil 424 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales se otorgaron 940 reconocimientos de dicha condición y 153 personas fueron reconocidas con la protección complementaria. De enero a abril del año 2016 se han realizado 2 mil 100 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales 785 personas han sido reconocidas como refugiadas y 142 con la protección complementaria, precisó.

Este aumento considerable de aseguramientos de personas extranjeras en la migración en situación irregular, así como de personas con necesidades de protección internacional nos impulsa a la acción de políticas concretas de protección, promoción, difusión y estudio de los derechos humanos de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

Toda política pública, entendida como las actividades o acciones del Estado que tienen un sentido, un propósito de atender las necesidades de la población, debe ser transversal en materia de derechos humanos. Este es un deber nacional e internacional. La política pública para la protección de personas en contexto de migración en México es un proceso inacabado, una actividad del Estado que no termina por construirse, aclaró.

El Estado mexicano ha mantenido una política exterior garantista al comprometerse internacionalmente con los principales tratados en materia de derechos humanos a nivel regional y universal. Este compromiso lo obliga a actuar en defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, no sólo las que ingresan a territorio mexicano sino también de nuestros mexicanos en territorio extranjero.

Somos de la opinión que el respeto a los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad, no solo se logra a partir de la aplicación de la norma, de generar responsabilidades y castigar las violaciones a derechos humanos, sino también verificando los perfiles, la capacitación, la vocación y el actuar honesto de los servidores públicos que tienen en su labor la aplicación de la norma migratoria.

La especialización del servidor público migratorio, debe ser, inclusive, un compromiso regional, para que estén especializados en materia de derechos humanos, en atención a la niñez y tener la vocación de servicio.

“Para lograr que verdaderamente se observen los derechos que se indican en los instrumentos jurídicos, es necesario un cambio estructural en la ideología colectiva en relación con la persona que migra, pues las violaciones a los derechos humanos no sólo las comete la autoridad, sino igualmente lo hacen los particulares, como sucede en la delincuencia organizada”.

Si bien la movilidad de la persona es un derecho fundamental, consideramos de la mayor relevancia implementar acciones que prevengan la migración involuntaria o forzada; que los Estados proporcionen a sus nacionales las condiciones mínimas necesarias que garanticen y protejan sus derechos humanos para evitar que la población se movilice sin desearlo.

Trabajar a favor de la seguridad humana va de la mano con lo planteado, pues implica propiciar condiciones sociales, económicas, culturales, de seguridad, políticas y jurídicas para una vida en la que la garantía de los derechos humanos sea la constante, concluyó González Pérez.