Agencias. Sin escuela, trabajo, hogar, salud ni redes de protección, unos 35 mil 400 mexicanos desplazados forzadamente han salido de sus lugares de residencia, expulsados por actos de la delincuencia o violencia y hoy, carecen de reconocimiento, atención y protección, reclaman una centena de defensores humanitarios.
En un llamado urgente a integrantes de las Comisiones de Gobernación, Justicia, y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República y a la propia Secretaría de Gobernación, demandan el reconocimiento jurídico de víctimas de desplazamiento interno para garantizar su atención y protección.
“Hemos visto mucha resistencia de parte del gobierno federal para atender a estas víctimas y el Senado, debe darle claridad a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de cómo tienen que atender a estos mexicanos”, expresó a NoticiasMVS uno de los firmantes del posicionamiento, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH).
“En el marco de las actuales discusiones para reformar la Ley General de Víctimas (LGV), las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas, así como expertas firmantes, les hacemos un atento llamado para que la reforma a dicha Ley, reconozca y defina expresamente, a las víctimas de desplazamiento interno forzado en México”.
“Es altamente preocupante la ausencia del reconocimiento del desplazamiento interno forzado por parte del Estado mexicano y la consecuente omisión que existe para implementar las acciones pertinentes para garantizar la atención y la protección de la población que se encuentra en esta situación”, detallan las ONG.
En el país existen al menos 35 mil 400 personas desplazadas que hoy carecen de reconocimiento, atención y protección.
Este desplazamiento interno forzado debe ser expresamente definido en la reforma a la LGV “como un hecho víctimizante autónomo que representa una violación grave, múltiple y continuada a los derechos humanos de quienes lo llevan a cabo”, precisan.
“Hacemos un atento llamado para que las y los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras de la reforma a la Ley General de Víctimas del Senado de la República honren sus compromisos con las víctimas de desplazamiento interno forzado para que obtengan un reconocimiento jurídico explícito dentro de dicha reforma, al ser la Ley General de Víctimas el único instrumento legal vigente adecuado para registrar, atender y proteger los derechos de las víctimas de dicho fenómeno”, precisan.
Los defensores también solicitan a la Secretaría de Gobernación que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como con los de las víctimas del desplazamiento interno, promoviendo el reconocimiento jurídico explícito en el marco de la reforma a la Ley General de Víctimas, a fin de que se garantice su atención y protección y se reviertan los efectos que el desplazamiento interno forzado ha generado en miles de mexicanas y mexicanos.
Finalmente, Guevara advirtió que ante los cambios a la estructura democrática de atención a víctimas, dado que de siete solo operan cuatro comisionados, la sociedad civil respalda una la constitución de una comisión unipersonal apoyada por un consejo consultivo pero en el Senado ya están promoviendo que a esta persona sea designada por el Ejecutivo federal, lo cual representaría un retroceso en este tipo de instituciones de vocación autónoma.
“Eso es inaceptable para una sociedad democrática”, advirtió Guevara. Es regresivo.
“En todo caso se aceptaría la propuesta de una terna también con la opinión de la sociedad civil y que él Senado elija, porque, lo que no queremos es que sea una comisión ejecutiva que siga actuando de manera política donde el Ejecutivo federal decide a que víctimas atender y a cuales ignorar; necesitamos una institución que sea capaz de atender sin distinciones a las mines de víctimas de violencia que hay en el país”, finalizó Guevara.
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