Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas analiza casos en Sonora

Agencias. La organización no gubernamental Proyecto en Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita a Hermosillo, Sonora, a fin de conocer casos de violaciones a derechos humanos en dicha región del norte de México.

Dicha instancia detalló que entre otros asuntos, el Grupo referido recabó testimonios sobre el efecto que provocó en 2014 el derrame de tóxicos de la empresa Buenavista del Cobre, afiliada al Grupo México.

Indicó que las comunidades afectadas plantearon su situación ante los representantes de la ONU, y destacaron que las autoridades han sido omisas al atender dichos asuntos y deslindar responsabilidades.

Puntualizó que en el caso del derrame de la mina Buenavista del Cobre, los damnificados indicaron que sus derechos fueron violentados, el ecosistema dañado y pese al compromiso de las autoridades y la empresa, no se han cumplido con las promesas de remediar el daño y garantizar la no repetición.

También se corroboró que existen impedimentos para que la población cuyos derechos fueron dañados accedan a la justicia.

Agregó que otro caso analizado por los representantes del organismo internacional es el del Ejido La Sierrita de Galena en Durango, donde la comunidad promovió un juicio contra la empresa Excellon de México S.A. de C. V, filial de la canadiense Excellon Resources Inc, por incumplimiento de las cláusulas sociales, económicas y ambientales contempladas en el contrato firmado en el 2008.

Los inconformes pidieron al Grupo de Trabajo tomar en cuenta sus demandas e integrarlas a su documento de recomendaciones.

Entre las peticiones, añadió está la solicitud para que las empresas se hagan responsables por la violación a los derechos humanos; se tome en cuenta a las comunidades “potencialmente afectadas”; que las empresas “matrices” se hagan corresponsables de los daños provocados por sus subsidiarias; y se fortalezcan las instituciones gubernamentales reguladoras del sector empresarial, incluyendo las que evalúan el impacto social y medioambiental generado por los consorcios nacionales o extranjeros.

De igual modo, pidieron establecer y asegurar espacios de información y participación de las comunidades y ciudadanos que pueden resultar afectados a partir de proyectos económicos y empresariales.

Demandaron que el reporte sobre México, a presentar por el Grupo de la ONU, haga referencia al “alto grado de conflictividad en torno a ciertos proyectos e industrias, así como la violencia generalizada que aqueja al país con características de conflicto armado no reconocido”.