Agencias. El fuero constitucional del que gozan representantes populares y gobernantes, debe tener como fin proteger la autonomía e independencia de los poderes del Estado y salvaguardar a los beneficiarios de “eventuales acusaciones sin fundamento”, pero no “revestirlos” de impunidad ni darles privilegios legales, planteó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que la protección conferida por el fuero constitucional a gobernantes y algunos servidores públicos, tiene como fin que los depositarios no comparezcan ante la autoridad, sean detenidos o encarcelados, sin una previa declaración de procedencia, la cual corresponde procesar a instancias como las cámaras del Poder Legislativo.
No obstante, ese beneficio legal no debe ser herramienta para otorgar impunidad en los casos de servidores públicos y funcionarios que incurran en actos ilícitos e irregularidades.
La protección legal que otorga el fuero para evitar que las funciones conferidas a una persona a través del voto ciudadano y constitucionalmente se vean afectadas, no debe ser aprovechada por ningún servidor público para encubrir delitos ni violar la ley, expuso.
En medio del debate sobre el caso del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, respecto a si mantiene o no el fuero en tanto que el cargo para el cual fue electo constitucionalmente finaliza el último día del mes de noviembre y tiene con una orden de aprehensión en su contra, el congresista insistió en que su separación voluntaria del cargo, no implica que perdió el fuero.
“La licencia concedida al funcionario para separarse de su puesto, no implica privación de su fuero. No se puede renunciar a ese derecho, porque el beneficio de la ley no está establecido únicamente en favor del particular”, apuntó.
Bolaños Aguilar lamentó que en el ejercicio de las responsabilidades públicas, el fuero se haya convertido en “sinónimo de privilegio”, cuando su función es dar inmunidad procesal, es decir, impedir que puedan ser sometidos a procesos penales, aquellos que lo ostentan y que en México son mil 854 servidores públicos entre los que se encuentran el Presidente de la República, legisladores locales, legisladores federales y gobernantes.
Insistió en que la inmunidad procesal tiene como propósito que un servidor público no pueda ser llamado a comparecer ante los organismos judiciales como cualquier otro ciudadano, en caso de que sea acusado de cometer delitos graves. Y esa protección legal se pierde cuando se concreta un juicio de procedencia, remarcó.
El también presidente del Congreso de la Unión indicó que ante casos como el del priísta Javier Duarte y otros gobernantes y servidores públicos presuntamente involucrados en ilícitos, el tema del fuero debe someterse a revisión.
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