Las empresas fantasma de Veracruz

Redacción. La noticia de que la PGR ha actuado en contra de los representantes legales de 26 empresas fantasma que celebraron operaciones falsas con el gobierno de Veracruz, evidencia que las mismas se utilizan como instrumento para cometer actos de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero.

Contrariamente a lo que se cree, las empresas fantasma tienen existencia legal. Son reales en el mundo jurídico: se constituyen ante notario público, se inscriben en el registro federal de contribuyentes y cuentan con domicilio fiscal. Sin embargo, los bienes y servicios que proporcionan son simulados, los cuales se amparan con facturas falsas que son efectivamente pagadas por los pseudo clientes. Todos operan con un sólo objetivo: apropiarse en forma indebida del dinero del Estado o consumar la evasión fiscal.

Lo usual en las empresas fantasma es que sus socios sean personas de bajo perfil socioeconómico, prestanombres que facilitan sus credenciales de elector a cambio de una gratificación menor -apenas unos cientos de pesos-. Con esas credenciales se constituyen las empresas y se abren las respectivas cuentas de cheques. Sin embargo, las firmas que se registran no son de esas personas, sino de quienes operan el negocio. Así estos garantizan el control y el flujo del dinero.

Una vez que los clientes pagan las facturas falsas, los rendimientos de la transa se transfieren a los verdaderos dueños del negocio o a las personas que ellos designen -por lo general a familiares o a otros prestanombres de alto perfil-, pero nunca a los prestanombres iniciales.

Lo anterior requiere del contubernio de notarios públicos y ejecutivos bancarios. Se trata de un juego en el que todos ganan y en el tinglado está plenamente armado. Los verdaderos dueños del negocio asumen algún riesgo, aunque mínimo, pues quienes quedan expuestos en primer término son los prestanombres de bajo perfil. Pero siempre queda un cabo suelto: el rastro de la transferencia final del dinero de las empresas fantasma a los beneficiarios reales.

La fiscalización de las empresas fantasma afronta dos retos. El primero radica en que su creación y la emisión de facturas falsas es un deporte nacional, lo que hace que su proliferación en el país sea alta. El segundo factor es que la operación de dichas empresas se ha sofisticado, al grado de que es difícil identificar a quienes instrumentan la trama.

No obstante, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP cuentan con herramientas legales e insumos logísticos para perseguir este tipo de operaciones, las cuales no sólo son constitutivas de los delitos de corrupción y defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero y delincuencia organizada. Es cuestión de que el Estado se decida a actuar en ese sentido.

(Con información de Animal Político)