Quintana Roo denuncia venta irregular de terrenos en gobierno de Borge

Notimex. El gobierno de Quintana Roo denunció la enajenación irregular de más de 9 mil 500 hectáreas del estado, por parte del exgobernador Roberto Borge Angulo, en beneficio de sus familiares y ex colaboradores cercanos.

El secretario de la Gestión Pública de la entidad, Rafael Antonio del Pozo Dergel, indicó que las transacciones presentan “graves irregularidades”, además de que no existen expedientes completos; no se respetó la normatividad, y se vendió a precios muy por debajo del valor real, “que en algunos casos no llegaron al uno por ciento”.

En conferencia de prensa en la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, señaló que entre los adquirientes beneficiados destacan familiares cercanos del ex gobernador Borge Angulo.

Resaltó que “un dato muy importante”, es que algunos de los adquirientes beneficiados son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo en Quintana Roo.

Hizo notar que esa empresa adquirió tres barcos en los últimos cuatro años, los cuales tienen un valor en el mercado superior a los 7 millones de dólares y está integrada por personas “relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el anterior gobernador y su familia”.

Del Pozo Dergel detalló que las enajenaciones son por un total aproximado de 9 mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, y para tener una dimensión de dicha superficie, equivale a más de seis veces el total de la zona hotelera de Cancún, o bien 24 de Isla Mujeres.

Indicó que en Bacalar se vendió el 7 por ciento de la reserva territorial total, en Felipe Carrillo Puerto el 10 por ciento, en Tulum el 20 por ciento, en Cozumel el 23 por ciento, en Benito Juárez el 36 por ciento, en Solidaridad 52 por ciento, y en Puerto Morelos más del 60 por ciento.

Señaló que el gobierno de la entidad presentó ya una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), e hizo lo propio en la Fiscalía General del Estado, y continuará recabando información en tanto vencen los 60 días hábiles que se tiene de plazo para dar por concluido el proceso de entrega-recepción de la administración.

“Es de vital importancia que las autoridades competentes investiguen y comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias, para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”, anotó.