Agencias. El Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña de Guerrero reclamaron posible “omisión” de los gobiernos Federal y guerrerense “en el cumplimiento de los acuerdos para garantizar el derecho a la alimentación, salud, educación y vivienda digna” de las familias damnificadas luego del desastre natural provocado en septiembre de 2013 por las tormentas Ingrid y Manuel.
“No han entregado maíz y frijol en esta tercera etapa con el argumento de que los recursos son insuficientes y por ello no se garantizaría el compromiso asumido en el mes de junio en la Secretaria de Gobernación”, se quejan los damnificados.
Los ciclones de septiembre del 2013 “inhabilitaron” las tierras de cultivo y varias comunidades “siguen viviendo en lugares de alto riesgo ante la desatención de las autoridades para cumplir con los planes de reubicación de acuerdo a los dictámenes de Protección Civil del Estado”, comentan.
En opinión de los damnificados “la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se han desentendido de la población damnificada” y “se han hecho cómplices” de empresas que recibieron “sumas millonarias” para construir las viviendas y que dejaron a medio construir.
El Consejo de Comunidades Damnificadas tiene un censo de 4600 viviendas que sufrieron daños totales y parciales, y que la misma autoridad federal registró en su base de datos para programar su construcción, sin embargo, agregan, “los funcionarios de Sedatu han evadido su responsabilidad dando un trato discriminatorio a las familias indígenas damnificadas”.
El consejo de damnificados de la montaña guerrerense demanda a los gobiernos federal y local a que cumpla a cabalidad con la entrega de granos básicos a más 16 mil familias indígenas de la montaña.
Asimismo demandan a la Sedatu que atienda de manera prioritaria a las familias que siguen viviendo en casas semiderruidas para que se cumpla con el compromiso de construir las viviendas que desde septiembre de 2013 están inhabilitadas.
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